El 25 de marzo de 2024, el juez federal José Manuel Díaz Vélez procesó con prisión preventiva a la familia Campos Bringas por la tenencia de 28 plantas de cannabis, 8 frascos y 2 balanzas de precisión, argumentando que esos elementos eran prueba de “finalidad de comercio” de estupefacientes. La Cámara Federal de Tucumán confirmó esa prisión el 30 de abril de 2025, señalando que la cantidad de plantas y los elementos secuestrados “superan con creces lo permitido” y son suficientes para presumir comercialización. (El Tucumano)
En contraste, el 10 de abril de 2025, el mismo juez sobreseyó a Felipe “El Militar” Sosa, a Francisco Pavón y a Marcos Rivera en una causa federal por marihuana, pese a que en su domicilio se secuestraron: 162 plantas de cannabis, 471 gramos de marihuana —incluidas flores compactadas en tabletas—, Prensa hidráulica, Balanza digital, 68 frascos (38 vacíos), Equipamiento de cultivo industrial con lámparas, ventiladores y filtros y aire acondicionado.
Díaz Vélez concluyó que “no existen constancias en autos tendientes a demostrar finalidad lucrativa alguna” y que la conducta de Sosa “deviene atípica” por falta de afectación al orden público, declarando que los insumos y la infraestructura no probaban comercio de drogas.
La normativa vigente del REPROCANN permitía hasta 9 plantas por persona y 40 gramos de flores secas para cultivo medicinal, o 27 plantas si tres personas estaban legalmente habilitadas. Sosa tenía más de seis veces ese límite y nunca contó con la inscripción como “cultivo solidario” requerida para explotaciones conjuntas.
Tras ese fallo de sobreseimiento, Díaz Vélez ordenó destruir únicamente 108 plantines y restituir a Sosa el resto de las plantas y todo el equipamiento de cultivo y procesamiento secuestrado.
Ese criterio judicial difiere radicalmente del aplicado a los Campos Bringas, quienes permanecen presos desde marzo de 2024, mientras la apelación fiscal presentada contra el sobreseimiento de Sosa —por parte del fiscal federal Agustín Chit— sigue sin resolución en la Cámara Federal de Tucumán desde hace nueve meses.
El 16 de enero de 2026, Sosa fue detenido en la provincia de Buenos Aires como principal sospechoso de femicidio de Érika Antonella Álvarez, de 25 años, y se le dictó prisión preventiva por seis meses en ese caso.
