Agustín Nahuel Gallo, suboficial de la Gendarmería Nacional Argentina, sigue privado de su libertad de manera irregular en territorio venezolano, en medio de una creciente esperanza por su excarcelación y la de otros detenidos por motivos políticos en la nación caribeña, tras la captura del exmandatario Nicolás Maduro.
El caso de Gallo ha cobrado relevancia en el ámbito internacional al cumplirse más de un año de su arresto en Venezuela, en un momento en que se anticipa la liberación de «un grupo significativo» de personas detenidas arbitrariamente por el gobierno chavista, según lo expresado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. El joven se halla confinado en El Rodeo I, un penal de alta seguridad que operaba como un bastión militar bajo la Dirección General de Contrainteligencia Militar venezolana (DGCIM). Esta situación, calificada como una desaparición forzada por las autoridades argentinas y por entidades defensoras de los derechos humanos, se ha complicado aún más tras el relato de un compañero de encierro sobre las condiciones del cautiverio, en paralelo a las intensas gestiones diplomáticas para lograr su libertad.
Gallo se había trasladado a Caracas en diciembre de 2024 con el propósito de reunirse con su pareja y su hijo menor, quienes vivían allí desde hacía tiempo. El viaje, realizado por motivos familiares durante su período de licencia, terminó en un arresto arbitrario por parte de agentes migratorios en la frontera entre Colombia y Venezuela. El hecho adquirió notoriedad pública días después de que sus familiares reportaran la ausencia de datos sobre su ubicación y en el marco de uno de los momentos de mayor deterioro en los vínculos bilaterales entre Argentina y Venezuela, caracterizado por el retiro de representaciones diplomáticas y la interrupción de los canales de diálogo.
De acuerdo con versiones de sus cercanos, el gendarme salió desde Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza, el 7 de diciembre de 2024 y llegó a Venezuela al día siguiente. La aprehensión se concretó en un control migratorio, donde fue interceptado bajo la presunción de realizar labores de espionaje. A partir de ese instante, la información sobre su destino se tornó inaccesible tanto para sus familiares como para el gobierno argentino, el cual reclamó su inmediata puesta en libertad. La senadora y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, manifestó en la red social X: «Exigimos la liberación inmediata de este ciudadano argentino. Maduro, cada minuto que lo mantengas detenido será un paso más hacia tu propio final».
El núcleo familiar de Gallo, integrado por su pareja María Gómez y su hermana Daiana Gallo, ha llevado adelante trámites simultáneos ante la Gendarmería Nacional Argentina y la Justicia de Catamarca, además de elevar la situación a instancias internacionales. Gómez, en conversación con el canal DNews, señaló: «Jamás pensé que esto nos podría suceder. Creímos que, al hacer todo de forma legal, no habría complicaciones. Si él fuese un espía, no habría cruzado la frontera exhibiendo su documentación». Por su lado, Daiana negó informaciones que indicaban visitas anteriores del gendarme a Venezuela y precisó que ese era su primer viaje al país caribeño.
La vida anterior de Gallo se distinguía por su entrega al deporte y al aire libre. Sus perfiles en redes sociales mostraban su entusiasmo por el running y las actividades de montaña, además de dejar ver su afición por la fotografía. En una de sus últimas publicaciones, compartió: «Una cumbre más conquistada», subrayando su tenacidad para superar metas. Con regularidad intentaba motivar a otros mediante sus éxitos deportivos y sus reflexiones personales acerca de la relevancia de aprovechar las oportunidades de trabajo.
La detención de Gallo ocurrió en un escenario de creciente tirantez política entre Argentina y Venezuela, exacerbada luego del retiro de embajadas y del intercambio de acusaciones por supuestas tareas de inteligencia. Su situación se enmarca en una problemática más extensa que involucra a ciudadanos extranjeros y opositores apresados bajo cargos políticos y que, en numerosas ocasiones, son utilizados como moneda de cambio por las autoridades venezolanas.
El relato de Iván Colmenares, ciudadano colombiano que compartió celda con Gallo en El Rodeo I, aporta una visión sobre las circunstancias dentro del centro penitenciario. En una charla con el canal TN, Colmenares contó: «éramos presos políticos llevados allí para que los países pudieran negociar con nosotros, para que pudieran realizar un intercambio de intereses». Según su testimonio, las autoridades ejercían coacciones constantes, forzando a los internos a firmar papeles sin su aprobación y sometiéndolos a malos tratos. «Nos cubrían la cabeza, nos esposaban, nos golpeaban con los fusiles. Uno debía permanecer quieto y callado porque había represalias», describió Colmenares. Agregó que, luego de siete meses de encierro, Gallo no pudo contactar a su familia porque no recordaba ningún número telefónico.
Las condiciones de reclusión en El Rodeo I han sido objeto de reclamos por parte de agrupaciones internacionales, que alertan sobre la carencia de garantías procesales y la falta de asistencia consular para los detenidos. La cárcel funciona como una extensión militar encubierta, donde permanecen bajo custodia directa personas consideradas «delicadas» por el régimen, incluyendo opositores, militares acusados de conspiración y extranjeros vinculados a causas de inteligencia.
En las últimas semanas, la expectativa por la liberación de Gallo se incrementó después de que el presidente norteamericano Donald Trump anunciara el próximo cierre de El Helicoide, uno de los más conocidos centros de detención y tortura del chavismo. La senadora Bullrich interpretó este anuncio como «una señal de que los presos políticos serán puestos en libertad», aunque reconoció en diálogo con medios que se trata de un procedimiento intrincado y que la dirección de las conversaciones corresponde a Estados Unidos. «Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario. Vamos a respetar esa agenda o ese cronograma que están estableciendo», sostuvo la legisladora.
El agravamiento de las condiciones en El Rodeo I, con la cancelación de visitas y el incremento del control castrense, aumentó la desazón y la incertidumbre entre los parientes del suboficial argentino. Desde la denuncia inicial, el gobierno argentino ha mantenido la acusación de desaparición forzada y ha solicitado la intervención de organismos multilaterales para restablecer los derechos de Gallo y de otros argentinos detenidos en Venezuela, como el abogado Germán Giuliano, arrestado en mayo de 2025 y también considerado preso político.
La situación de Gallo permanece sin solución, mientras su entorno denuncia la ausencia de información oficial y la transgresión de normas fundamentales del derecho internacional. El caso se mantiene como un emblema de la crisis diplomática y de derechos humanos en la relación entre Argentina y Venezuela, y constituye una de las prioridades más apremiantes en la agenda consular del país.