El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, dispuso una serie de medidas administrativas y financieras que implican un freno concreto a la expansión del gasto público provincial. A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el Poder Ejecutivo estableció restricciones que rigen desde el 1° de enero de 2026 y tendrán una vigencia inicial de dos años.
La norma dispone la suspensión de nuevas designaciones de personal y la prohibición de celebrar contratos que generen relación de empleo público en el ámbito del Poder Ejecutivo provincial. La medida alcanza a los organismos centralizados, descentralizados y autárquicos, incluidos aquellos que cuentan con autonomía administrativa o financiera pero que reciben aportes del Tesoro provincial para el pago de salarios o gastos operativos.
El decreto contempla excepciones limitadas únicamente a situaciones consideradas indispensables para garantizar el funcionamiento de áreas esenciales del Estado. En esos casos, las incorporaciones deberán ser expresamente solicitadas, justificadas y autorizadas por el Ministerio de Economía y Producción de la provincia, dejando constancia administrativa de cada decisión.
Además, el texto habilita la reasignación transitoria de agentes estatales entre distintas dependencias, sin modificar su cargo, nivel escalafonario, régimen laboral ni remuneración. El objetivo declarado es cubrir necesidades operativas mediante el uso del personal ya existente, sin generar nuevas erogaciones salariales.
En materia de política salarial, el decreto establece que cualquier incremento de haberes que implique la creación de nuevos conceptos remunerativos o adicionales deberá contar con autorización expresa del Poder Ejecutivo. La norma fija responsabilidades directas para los funcionarios que dispongan pagos no autorizados, reforzando los controles sobre la ejecución del gasto.
La decisión también alcanza a organismos de seguridad social provinciales, que quedan facultados a reorganizar y disponer de la totalidad de sus recursos cuando requieran asistencia financiera del Ejecutivo para garantizar su funcionamiento.
El conjunto de medidas fue dictado en el marco de la situación económica y fiscal de la provincia y apunta a contener el crecimiento del gasto, ordenar la administración pública y adecuar los compromisos financieros a la disponibilidad real de recursos. El esquema adoptado guarda similitud con las políticas de ajuste y control del gasto impulsadas a nivel nacional por el presidente Javier Milei, basadas en la reducción de la estructura estatal y la restricción de nuevas erogaciones permanentes.
Durante el período de vigencia del decreto, cualquier modificación al régimen establecido deberá contar con respaldo normativo específico, manteniendo como eje central la contención del gasto público y el equilibrio de las cuentas provinciales.