La Legislatura provincial archivó este jueves el expediente que buscaba someter a juicio político al fiscal general de Tucumán, Edmundo Jiménez. La Comisión de Juicio Político determinó que los argumentos presentados por la familia de Karla Robles, la joven que se suicidó tras realizar múltiples denuncias, no reunían los requisitos para avanzar con un pedido de destitución.
Los fundamentos de la denuncia
La solicitud había sido radicada por Mirta Isabel Giménez, madre de la víctima, quien estuvo acompañada por la letrada Patricia Neme. En su presentación, sostuvieron que el Ministerio Público Fiscal actuó de manera deficiente ante las seis denuncias formales que Karla realizó desde 2022 contra su expareja, Diego Zerda, por hostigamiento y amenazas. Alegaron que, pese a existir pruebas de un «riesgo de vida inminente», las causas fueron archivadas y no se decretaron medidas de detención, incluso ante presuntas violaciones de las restricciones de acercamiento.
Giménez atribuyó la responsabilidad institucional de esta situación al ministro Jiménez, como máxima autoridad de los fiscales. «Mi hija fue silenciada por la inacción de la Fiscalía, y la culpa de este fracaso recae en su jefe», manifestó en los fundamentos de su pedido.
La denunciante detalló una cronología de las presentaciones judiciales de su hija, que se iniciaron el 3 de marzo de 2022 por lesiones e instigación al suicidio, y continuaron en abril y mayo del mismo año por incumplimiento de medidas judiciales. Según su relato, ninguna de estas actuaciones derivó en respuestas concretas del sistema judicial.
Asimismo, señaló que existían denuncias previas contra Zerda, lo que a su juicio debió haber alertado a los fiscales para una intervención más enérgica. Sostuvo que la falta de acción fortaleció al presunto agresor y condujo al desenlace fatal.
Con la decisión adoptada por la legislatura, el expediente quedó definitivamente archivado y sin posibilidad de avanzar hacia un proceso de destitución contra Jiménez.