Ciudadanos y organizaciones civiles iniciaron una campaña para combatir lo que denominan «adoctrinamiento estatal». La iniciativa busca dirigir una petición a los diferentes poderes del Estado de Tucumán para exigir imparcialidad y transparencia.
La propuesta plantea acciones concretas para eliminar presiones ideológicas en todos los niveles del Poder Judicial, incluyendo empleados, funcionarios, magistrados, defensores y fiscales, garantizando su independencia en las decisiones cotidianas.
El documento critica la agenda de género, argumentando que socava la neutralidad institucional y afecta directamente los derechos de los ciudadanos tucumanos.
Los promotores sostienen que este presunto adoctrinamiento no solo compromete la imparcialidad judicial, sino que también viola principios fundamentales como la igualdad ante la ley y la libertad de expresión. Señalan que estas prácticas pueden generar consecuencias irreparables en diversos ámbitos sociales.
Enfáticamente declaran que «una justicia con sesgo ideológico no merece llamarse justicia». Exigen un cambio urgente en los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo, especialmente en instituciones como el Ministerio de Desarrollo Social y el Siprosa.
Además, invitan a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa.