Mientras San Miguel de Tucumán duerme, el Concejo Deliberante (en complicidad con la intendente Rossana Chahla) ultima los detalles para una sesión que perjudicará directamente a los usuarios y trabajadores, y beneficiará con precisión matemática a las arcas municipales y a los empresarios de los colectivos. Mañana se votará un paquete de medidas que, bajo el manto de la «reglamentación», encarecerá los viajes, dejará sin trabajo a miles de motoqueros y le pondrá un precio fijo a la movilidad de los más pobres.
El impuesto que sí se verá en la tarifa
A pesar de las tranquilizadoras declaraciones del concejal Federico Romano Norri, quien aseguró que «el usuario no verá ningún cambio en la tarifa», la lógica económica es inexorable. Las plataformas digitales como Uber deberán pagar una tributación de entre el 1,25% y el 3%. Cuando una empresa es gravada como «agente de retención», ese costo siempre termina trasladándose al precio final. No es un acto de caridad, es un negocio. Los viajes en moto y auto, hoy la alternativa más económica frente a un sistema de colectivos colapsado, sufrirán un encarecimiento directo. El Concejo, que no ha demostrado austeridad en su propio gasto, ahora encuentra una nueva mina de oro: el bolsillo de quienes usan apps para trabajar y moverse.
Desempleo masivo y barreras municipales
Aunque se anuncia con bombos y platillos que no habrá «cupos», el proyecto establece mecanismos igualmente lesivos. El Ejecutivo municipal tendrá la potestad de definir la reglamentación final, incluyendo «colores o distintivos obligatorios». Esto, en la práctica, es una barrera de costo y logística. Pero el golpe más brutal es la prohibición absoluta de operar entre jurisdicciones. Un motoquero registrado en Tafí Viejo o Yerba Buena no podrá tomar un pasajero en la Capital. Esto fragmenta el área metropolitana, reduce drásticamente la oferta para el usuario y deja sin ingresos a miles de conductores que viven en ciudades aledañas y trabajan en la Capital. Se limita la cantidad de vehículos de facto, se anulan las distancias largas y se prohíbe el cruce de distritos. Es un despido encubierto para miles.
Los únicos ganadores: Municipio y empresas de colectivos
El proyecto es un negocio redondo para dos actores:
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El Gobierno Municipal: Obtendrá un nuevo flujo de ingresos a través del impuesto a las apps y de las multas que se desprenderán de la compleja reglamentación. Es un esquema perverso: grava un servicio vital para la clase trabajadora mientras su propio gasto no da señales de contención.
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Los propietarios de empresas de colectivos: Son los grandes beneficiarios. No solo obtendrán un aumento tarifario de hasta $1.250 (un 32%, muy por encima del salario de la mayoría), sino que además operan con subsidios públicos. Ahora, además, ven cómo se asfixia a su principal competencia: un servicio puerta a puerta, más rápido y que, hasta ahora, era más barato. Eliminada la alternativa, el usuario tendrá que volver a resignarse al boleto caro y al servicio deficiente.
La tormenta perfecta: inspectores vs. motoqueros
Al crear un marco regulatorio tan estricto (con requisitos de antigüedad del vehículo, cilindrada, carnets profesionales y distintivos) y al criminalizar el trabajo interjurisdiccional, el Concejo está sembrando el campo para un conflicto social violento. La limitación de facto de trabajadores desatará inevitablemente una guerra entre los agentes de tránsito capitalinos y los motoqueros, que en su gran mayoría son trabajadores informales de bajos ingresos. La historia de corrupción y abuso de algunos sectores de la inspectoría es conocida. Ahora tendrán un instrumento legal para la persecución y el hostigamiento sistemático, con secuestro de motos y multas que arruinarán a familias enteras.
Mañana, el Concejo Deliberante votará un paquete que es un claro traslado de recursos: de los bolsillos de los usuarios y trabajadores más humildes, hacia las arcas municipales y las cuentas de los empresarios del transporte. Lo llaman regulación. En realidad, es una confesión: para esta gestión, la solución al transporte no pasa por mejorar el servicio público, sino por eliminar la competencia y cobrar por ello.