Un proyecto impulsado por catorce legisladores del oficialismo, con Roque Tobías Álvarez al frente del bloque del PJ, propone modificar la Ley 9062 para prorrogar hasta diciembre de 2026 la autorización del Poder Ejecutivo Provincial para realizar Aportes Financieros No Reintegrables (AFNR) a la Sociedad Aguas del Tucumán SAPEM (SAT). Estos recursos se utilizan para financiar obras de infraestructura, inversiones y la compra de equipamiento necesario para la prestación de los servicios que brinda la empresa.
El aspecto central de la propuesta es la extensión por un año más de lo establecido en el Artículo 2 de la norma, que exime a la SAT de las disposiciones del Artículo 204 de la Ley N° 6970 (Ley de Administración Financiera). Dicho artículo impide que las entidades del sector público realicen transferencias o aportes a empresas y sociedades del Estado que no cuenten con un presupuesto aprobado según los términos de la misma ley, un requisito también obligatorio para las operaciones de crédito público. Al no incluir sus gastos en el Presupuesto General de la Provincia, la sanción original de la Ley 9062 fue el mecanismo legal que adoptó el Poder Ejecutivo hace ocho años para asegurar el financiamiento que permitiera a la empresa ejecutar obras hídricas, cloacales y de saneamiento, ante los históricos problemas en la prestación del servicio.
La normativa vigente autoriza al PE a realizar aportes no reintegrables a la SAT por los montos previstos en las partidas presupuestarias de cada año, una facultad que el nuevo proyecto de Álvarez y el bloque oficialista busca mantener vigente por un año adicional.
Cifras
La iniciativa de prórroga se presenta en un marco de importantes transferencias del Ejecutivo hacia la empresa de agua y saneamiento. Según los decretos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia, la SAT ha recibido a la fecha un total de $1.756,2 millones en concepto de estos aportes no reintegrables durante el presente año.
La partida más significativa del año, que asciende a $625,2 millones, fue asignada específicamente a dos proyectos clave de infraestructura: «Renovación de Red Cloacal en calle Belgrano entre Lucas Córdoba y RN N° 38» y «Renovación de Red Cloacal en Av. Lídoro Quinteros entre Av. Campero y Av. Terán».
Con estos números, el total de fondos recibidos por la Sociedad Aguas del Tucumán por parte del gobierno provincial, a lo largo de los últimos ocho años, supera los $11.706 millones.
Marcelo Caponio, titular de la SAT, junto al gobernador Osvaldo Jaldo.
De manera paradójica, la solicitud de extensión del régimen ocurre en un momento en que el presidente de la SAT, Marcelo Caponio, ha resaltado un proceso de reestructuración que, según sus declaraciones, permitió a la empresa alcanzar el autofinanciamiento. «En realidad, en un año de gestión de esta empresa (desde que asumió Caponio), no solo hemos adoptado decisiones políticas, sino que también se reorganizó financieramente, por lo que hoy la SAT recauda los recursos suficientes para pagar los salarios de los empleados, garantizar el funcionamiento operativo y realizar obras. Es una Sociedad que se financia a sí misma con ingresos propios, que ha dado un verdadero vuelco y demostró que es posible un servicio de calidad para los tucumanos», afirmó el funcionario del gobierno de Jaldo.
La nueva propuesta deberá ser analizada en la Legislatura, donde contará con el respaldo del oficialismo por su mayoría, pero vuelve a plantear el debate entre la necesidad de continuar con la inversión en infraestructura hídrica y la conveniencia de mantener a la SAT bajo un régimen de excepción que la libera de controles financieros más estrictos.