La legisladora Carolina Vargas Aignasse presentó en la provincia de Tucumán un proyecto de ley que busca combatir la difusión de noticias falsas y contenidos manipulados generados por inteligencia artificial durante las campañas electorales. La iniciativa, que contempla multas de hasta diez millones de pesos y sanciones civiles o penales, apunta específicamente a los denominados «deepfakes».
El texto propone un marco integral de prevención, regulación y castigo para quienes generen o difundan intencionalmente contenidos falsos que puedan afectar el proceso electoral provincial. Sin embargo, algunos artículos podrían limitar su aplicación efectiva al incluir eximentes para parodias o ediciones mínimas, lo que abre espacio a interpretaciones divergentes.
El articulado impone obligaciones estrictas a las plataformas digitales, exigiendo que identifiquen, remuevan o desmoneticen material denunciado en un plazo máximo de doce horas. También deberán entregar metadatos como direcciones IP y horarios de publicación. La inacción de estas empresas podría ser considerada complicidad en la desinformación.
La iniciativa se fundamenta en el reciente dictamen de la Fiscalía Electoral federal, citando al fiscal Ramiro González, quien sostuvo que los deepfakes electorales constituyen «una forma de interferencia política sofisticada y profundamente lesiva para el sufragio libre e informado». También recurre a la doctrina del jurista Daniel Schurjin Almenar, quien advierte sobre el riesgo de que estas tecnologías erosionen la confianza en toda la información electoral.
El proyecto designa a la Junta Electoral Provincial como autoridad de aplicación y habilita convenios de cooperación con plataformas digitales, agrupaciones políticas y universidades para la detección y moderación de contenidos prohibidos.
En sus fundamentos, Vargas Aignasse contextualiza esta propuesta como una respuesta necesaria a la «nueva realidad tecnológica», argumentando que «la inacción estatal no es neutral» frente a un fenómeno que, de no regularse, equivaldría a «dejar desprotegido el derecho ciudadano a una elección libre e informada».
