La Procuración del Tesoro de la Nación logró un resultado favorable en la defensa de la República Argentina en tribunales internacionales, al alcanzar la reducción de una condena millonaria que había sido impuesta al país por hechos originados en la crisis económica y social de 2001. El Centro Internacional de Arreglo de Diferendos de Inversión (CIADI), el tribunal de resolución de controversias del Banco Mundial, le dio la razón al país en este largo juicio heredado de aquella megacrisis.
Según se supo, el monto de la condena se reduce de unos USD 147 millones a USD 117 millones, lo que significa que el erario público se ahorrará casi 30 millones de dólares, equivalentes a unos 42.000 millones de pesos. La decisión, que hizo lugar al pedido de rectificación presentado por la Procuración el pasado 11 de junio, resolvió disminuir en un 20% el monto de indemnización en el caso “Webuild S.p.A. c/ República Argentina” y representa un paso concreto en la mejora de la posición del país frente a reclamos heredados.
La controversia tiene su origen en la concesión de la conexión vial Rosario–Victoria y en las medidas adoptadas durante la crisis de 2001, que derivaron en la disolución de la concesionaria Puentes del Litoral S.A. y en un arbitraje internacional iniciado por la empresa inversora italiana, que en su momento tenía una participación del 26% en la concesionaria. Entre los motivos de la reclamación figuraron la falta de pago de subvenciones por parte del Gobierno argentino, la aprobación de normativas que impactaron los ingresos por peaje y la viabilidad económica del proyecto, así como los retrasos en la renegociación del contrato de concesión, que tenía una duración de 25 años.
“Este litigio, como tantos otros que aún enfrenta la Argentina, se arrastra desde hace casi dos décadas como consecuencia de políticas y decisiones de administraciones anteriores que comprometieron al país en tribunales internacionales”, explicó la Procuración del Tesoro. En un comunicado, el organismo reafirmó su “compromiso de defender con firmeza los intereses nacionales en todos los litigios y arbitrajes internacionales, utilizando todas las herramientas jurídicas disponibles para reducir el impacto de sentencias heredadas y proteger el patrimonio común de los argentinos”.
Este fallo se produce en un contexto donde la Argentina enfrenta varios litigios internacionales. Recientemente, en junio de este año, el CIADI condenó al país a pagar USD 715,9 millones a la empresa norteamericana del sector de electricidad AES Corporation por la pesificación de los contratos de concesión de la represa hidroeléctrica de Alicurá. Además de este caso y del enorme reclamo de Burford Capital por la expropiación de YPF, el país se enfrenta en el CIADI a otros seis juicios internacionales que, en conjunto, totalizan unos USD 1.500 millones.
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