La UIF (Unidad de Información Financiera) pidió la absolución de la vicepresidenta.
Desde la UIF, organismo del gobierno, se excusan de ser parte del proceso, a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner porque: «no se investigan delitos de lavado de activos».
El juicio de vialidad, que investiga corrupción en obra pública, donde la vicepresidenta está acusada de encabezar una asociación ilícita, que defraudó el Estado por unos 46.000 millones de pesos, para favorecer a Lázaro Báez, con contratos viales.
Desde la UFI (Unidad de Información Financiera), también se pidió la absolución de Lázaro Baez, Julio De Vido, Néstor Periotti, Abel Fatala, Néstor Carlos Kirchner, José Lopez y Cristina Fernández de Kirchner.
Para la UFI, no se pudieron demostrar, en el juicio, «los delitos de fraude y asociación ilícita».
Para los peritos oficiales, existieron sobreprecios desde 170 a 220 millones de dólares en tan sólo 5 de esos contratos auditados, de las 51 licitaciones que recibió Lázaro Baez.
El cambio de curso de la UFI, en el juicio, fue desmesurado, durante el gobierno de Cambiemos, el mismo ente impulsó el expediente y aportó pruebas.
Con el cambio de gobierno, en la UFI, dejaron de acusar a la vicepresidenta.
El actual jefe de la UFI es Juan Carlos Otero, quien asumió el año pasado, y dicen ser muy cercano a Máximo Kirchner.
Desde el fiscal que sigue el proceso, el juez de instrucción, los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal y de la Cámara Federal Porteña, fueron confirmando las acusaciones de los investigadores, según ellos: «hubo una cantidad de resoluciones administrativas que se dirigieron a beneficiar a Lázaro Baez; como los cobros anticipados, por encima de lo estipulado por ley, y las licitaciones que Báez conocía de antemano para poder presentarse.
