José Alperovich, ex gobernador de Tucumán, fue acusado de abuso sexual por su propia sobrina, el día 22 de noviembre de 2019. La joven de 29 años presentó dos denuncias penales en las que relataba múltiples ataques sexuales.
Ahora, el fiscal de instrucción Santiago Vismara y la titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de Mariela Labozzetta, ampliaron la acusación en su contra y pidieron la indagatoria, que ya habían hecho en diciembre de 2020, hace un año atrás.
La acusación presentada por los fiscales es por nuevos hechos señalados por la denunciante: se trata de seis situaciones de abuso sexual que tuvieron lugar en 2018 en la provincia de Tucumán y ya lo había denunciado por hechos similares ocurridos en 2017, tanto en la provincia como en la Capital Federal.
Lo señalado por la denunciante, sostuvieron los fiscales, fue avalado por los informes y los peritajes psicológicos realizados en la causa, así como también por la Junta Médica realizada y las declaraciones que dieron distintas profesionales que tuvieron contacto con la joven. En esos informes, señalaron el contexto en que ocurrieron los hechos donde se daba en un ámbito de violencia.
«En su gran mayoría, los casos de abuso sexual como el presente se cometen en un ámbito de intimidad en donde no siempre es posible contar con testigos presenciales de lo ocurrido. Por ello, las mujeres víctimas de esta clase de agresiones y abusos enfrentan grandes dificultades al momento de denunciarlos, todo lo cual ha llevado al trazado de políticas públicas que, desde el servicio de justicia, se vienen desarrollando hace algunos años, a fin de garantizarles una asistencia eficaz y oportuna», marcaron Vismara y Labozzetta.
«Está claro que las constancias obrantes en la causa, particularmente el informe pericial psicológico, las constancias médicas, las declaraciones testimoniales mencionadas, y las constancias de las comunicaciones mantenidas entre víctima y victimario, proporcionan fuerza probatoria a los dichos de la damnificada», agregaron. Para Vismara y Labozzetta, el caso se enmarca en un acto de violencia contra una mujer, por lo que debe ser analizado en el contexto de los compromisos asumidos por el Estado Nacional.
«En los hechos que constituyen el objeto procesal de las presentes actuaciones se identifican distintos tipos de violencia contra una mujer, tales como la violencia sexual, psicológica y simbólica, ejecutadas bajo la modalidad de violencia laboral y profundizada por el lazo familiar que atravesaba esa relación», explicaron en el nuevo requerimiento que ahora deberá evaluar
La Corte Suprema de Justicia ya determinó que la causa debía tramitar en la Capital Federal pues se instruyó una causa paralela en Tucumán, donde el ex gobernador pretendía que allí quedara.
