Desde el comienzo de la campaña de inmunización contra el coronavirus, la compra de vacunas fue el eje de la política del Gobierno. Además, se sostuvo con los cuestionamientos de la oposición. Asimismo, uno de los aspectos centrales de los acuerdos cerrados es la absoluta confidencialidad.
Esto generó miles de versiones en torno a las garantías que ponía la Argentina para recibir las dosis. Sólo un selecto grupo de personas pudo acceder a la letra chica de cada uno de los acuerdos firmados para la compra de vacunas. Entre ellos figuran los miembros de la Auditoría General de la Nación; las autoridades de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados; y de la Comisión de Salud del Senado, las autoridades del Gobierno.
Sin embargo, todos los miembros deben «respetar las cláusulas de confidencialidad» para evitar la difusión de los detalles de cada uno de los contratos. La agencia Noticias Argentinas realizó un pedido de acceso a la información pública para intentar obtener copias de los contratos firmados, aclarando que se omitan los aspectos secretos.
La respuesta del Gobierno fue contundente: de los acuerdos rubricados para la compra de vacunas no se puede conocer ni una coma. Todos los convenios «contienen cláusulas de confidencialidad que abarcan la totalidad de sus términos», remarcó el secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud de la Nación, Mauricio Monsalvo.
