Trascendió que el gobernador Juan Manzur vetó un artículo de la ley que establecía que la querella podía pedir a los jueces medidas de coerción para las personas acusadas de delitos. La Legislatura aprobó hace tres semanas la ley 122/2020, que agregaba el derecho a las víctimas y sus familiares debidamente acreditados en las causas a pedir medidas de coerción.
El mandatario firmó el decreto 2.403 que excluye la posibilidad de que las víctimas acreditadas en las causas puedan solicitar en el proceso, por ejemplo, prisiones preventivas.
Además de las preventivas, las querellas tampoco podrán solicitar otras medidas tales como la prohibición de portar cualquier tipo de arma de fuego, la exclusión del hogar en los procesos por delitos cometidos en el grupo familiar, la vigilancia del imputado mediante dispositivo electrónico o la prohibición de acercamiento.
¿De qué lado está Manzur? En sus fundamentos dice que pedir medidas coercitivas «ofrece herramientas que promueven la venganza», además de exponer a «graves afectaciones a las garantías del imputado».
Esto quiere decir que los únicos que podrán pedir medidas para protección de los denunciantes, para evitar fugas o entorpecimiento de las causas serán los fiscales.