España afronta este miércoles la primera huelga general de 24 horas convocada de manera conjunta por las dos grandes centrales sindicales del país, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), en catorce años. La movilización, que se desarrolla desde la medianoche hasta las 24 horas bajo el lema “Salarios, vivienda y precios”, tiene como eje central el acceso a la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo, y se produce apenas dos días antes del inicio de la campaña electoral y dieciocho días antes de las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha respaldado la convocatoria. Fuentes de La Moncloa sostienen que el paro “no es contra nadie, sino a favor de derechos”. El propio presidente ha defendido el derecho constitucional a la huelga y ha afirmado que “lo que es un disparate es poner en cuestión el derecho de los trabajadores y trabajadoras a la huelga”. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha animado a secundarla. El Ejecutivo ha vaciado las agendas públicas de sus miembros en señal de respeto, aunque se mantiene el trabajo de despacho.
La oposición lo ha rechazado. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que, si se trata de una huelga “contra la oposición”, constituye “un disparate que no existe en ningún país de la Unión Europea”. Desde el PP y Vox se ha pedido a CCOO y UGT que desconvocaran el paro, al considerarlo de carácter político y electoral. La patronal también solicitó su suspensión.
Se trata de la primera vez que la vivienda es el motivo central de una huelga general en España. Las anteriores convocatorias de ámbito estatal de las grandes centrales apuntaron al Gobierno de turno: la de 1988 contra el plan de empleo juvenil de Felipe González, la de 2002 contra el “decretazo” de José María Aznar y la de 2010 contra los recortes de José Luis Rodríguez Zapatero. La última conjunta de CCOO y UGT se registró el 14 de noviembre de 2012, en protesta por la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy.
La convocatoria surge de las movilizaciones por el derecho a la vivienda que se intensificaron tras el desahucio, el 23 de septiembre, de María del Carmen Abascal (Maricarmen), de 87 años, de la vivienda en la que residía en Madrid desde 1956. La anciana falleció el 7 de octubre en el Hospital Gregorio Marañón. El caso reavivó el malestar por el encarecimiento de los alquileres y dio lugar a acampadas, entre ellas en la Puerta del Sol. El Gobierno impulsó entonces dos reales decretos-ley orientados a aliviar la situación de los inquilinos y limitar la actuación de fondos de inversión. PP, Vox y Junts votaron en contra en el Congreso, lo que precipitó la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones anticipadas por Sánchez el 5 de octubre.
Según datos del portal Idealista, el alquiler se ha encarecido un 44 % desde 2021, mientras que el sueldo medio subió un 22 % en el mismo período. El alquiler promedio de un piso de 80 metros cuadrados representa en torno al 50 % del salario medio bruto, cifra que puede ser superior en ciudades como Madrid, Barcelona o Zaragoza. El Banco de España recomienda que el esfuerzo máximo de un hogar para pagar el alquiler o la hipoteca no supere el 30-35 % de sus ingresos netos mensuales. Una encuesta de junio indicó que el 87 % de los españoles está preocupado por la vivienda y el 76 % considera que el Estado debería intervenir “tanto como sea necesario”. El 73,3 % de los hogares españoles tiene vivienda en propiedad. El Instituto Nacional de Estadística reportó en abril que el 47,3 % de las personas de 26 a 34 años que viven con sus padres señala como principal motivo la imposibilidad de comprar o alquilar por los precios elevados. El Banco de España estima un déficit de unas 750.000 viviendas, que podría superar el millón en 2028.
La economía española creció un 0,7 % entre abril y junio de 2026, por encima de las principales potencias de la zona euro. Sin embargo, el PIB per cápita ha aumentado apenas en torno al 5 % desde 2019, la mitad del crecimiento total del PIB, según la economista de Funcas María Jesús Fernández Sánchez. “Hay más PIB porque hay más gente trabajando, no porque cada ocupado gane más”, señaló. Los beneficios empresariales se encuentran en máximos, pero la inflación se situó cerca del 5 % en octubre y los salarios pactados en convenios colectivos subieron un 3,06 % hasta ese mes, frente a una inflación interanual anticipada del 4,9 %.
Los sindicatos reclaman, entre otras medidas, subidas salariales de entre el 4 % y el 7 % (con mayor énfasis en los tramos más bajos), un incremento de al menos el 7 % del salario mínimo interprofesional para 2027, la ampliación del parque público de vivienda (se ha mencionado la cifra de 1,5 millones de unidades asequibles), límites a los alquileres en zonas tensionadas, restricciones a pisos turísticos y de temporada, y protección frente a desahucios de personas vulnerables. La convocatoria cuenta con el respaldo de CGT, CNT, el Sindicato de Inquilinas y otras organizaciones, y se dirige a unos 19 millones de asalariados. Un sondeo de Ateneo del Dato para elDiario.es cifró en el 60 % el apoyo ciudadano a la huelga, frente a un 33 % que la rechaza.
El politólogo Eduardo Bayón indicó a BBC Mundo que durante la jornada “la conversación pública girará en torno al alquiler y los salarios, que es la mayor preocupación de los españoles”. Añadió que no hay precedentes de una huelga convocada en precampaña. La analista Alana Moceri vinculó el contexto a la fragilidad parlamentaria del Gobierno tras el rechazo de los decretos. Por su parte, el profesor de IESE Javier Díaz-Giménez sostuvo que se trata de una huelga “contra el gobierno que no ha hecho nada en 8 años” para resolver el problema habitacional.
Los servicios mínimos se han fijado en sectores estratégicos como transporte, energía y sanidad. En Cercanías, por ejemplo, se establecen en el 75 % en horas punta y el 50 % el resto del día. Los sindicatos esperan un seguimiento relevante, con diferencias según territorios y sectores. La jornada se desarrolla en un clima de polarización política a dieciocho días de unos comicios en los que las encuestas sitúan al PP por delante del PSOE.
