El juicio oral y público por el crimen de Erika Antonella Alvarez, que atraviesa su segunda semana en el Centro Judicial Capital, registró este martes un nuevo episodio de tensión. La defensa de Felipe “El Militar” Sosa —integrada por Marcelo Cosiansi y Rubén Flores— solicitó la suspensión de la audiencia porque considera que su asistido no se encuentra en condiciones médicas para afrontar el debate.
Según explicaron los letrados, el lunes mantuvieron conversaciones con los médicos psiquiatras que atienden a Sosa y tenían previsto que lo revisaran durante esta jornada. Pidieron que sea evaluado de inmediato o, en su defecto, que sea trasladado al hospital Obarrio para una atención más compleja. Alrededor de las 9 de la mañana la audiencia se paralizó para analizar el pedido.
El tribunal resolvió que “El Militar” sea examinado por el cuerpo médico forense, con la posibilidad de que un profesional de parte presencie la evaluación para garantizar sus derechos. Se estableció un plazo límite hasta las 11 de la mañana y se autorizó el ingreso de un profesional de la defensa al penal durante la tarde. También se dispuso el traslado inmediato al cuerpo médico forense, aunque el fiscal Pedro Gallo se comprometió a consultar si el profesional puede asistir directamente al fuero penal para evitar el despliegue de recursos que implica el traslado. La audiencia permanece suspendida hasta las 11 o 11.30, con la idea de que, una vez que el forense atienda a Sosa y elabore su informe, este sea expuesto ante las partes al reanudarse el debate. Cerca de las 11 horas se realizaría el examen médico al acusado.
En el marco de este nuevo planteo circulan versiones sobre presiones de narcos y policías para que “El Militar” no declare. Esas versiones se suman a las denuncias previas de la propia defensa, que en jornadas anteriores advirtió sobre amenazas para que el imputado no hable hasta el final del debate. Cosiansi ya había abandonado una audiencia visiblemente angustiado tras señalar intimidaciones recibidas a través de su cliente —según explicó después, mediante mensajes de otros internos del penal de Benjamín Paz a través de las ventanas de las celdas— y había mencionado la investigación de comisarios y policías, entre ellos de Santiago del Estero. La hipótesis de vínculos con el narcotráfico forma parte de la estrategia defensiva desde el inicio del proceso y también fue abordada por familiares de la víctima en sus testimonios.
Mientras se analizaba el pedido de suspensión, se observó que Carlos Garmendia, abogado de la querella en representación de la familia de Erika, se retiró de la sala junto a algunos familiares de la joven (foto).
Sosa es un exintegrante del Ejército Argentino y de la Legión Extranjera francesa. Desde su detención en Buenos Aires permanece alojado en el penal de Benjamín Paz. Su defensa denuncia desde hace meses que se encuentra prácticamente aislado y que solo puede salir de su celda tres veces al día. La semana pasada el acusado había declarado en favor de los otros dos imputados por encubrimiento: respecto de Jorge “Chicho” Díaz aseguró que no tenía nada que ver con el caso y que no sabía lo que había pasado en su casa; sobre Justina Gordillo aclaró que ella no es la mujer que aparece en un video íntimo grabado por Érika. En una audiencia anterior había admitido que fue él quien arrojó el cuerpo de la víctima en un basural de Manantial Sur el 7 de enero, entre las 10 y las 12.30.
La Fiscalía, a cargo de Pedro Gallo, sostiene la acusación de homicidio doblemente agravado por violencia de género y pide prisión perpetua para Sosa. Para Gordillo y Díaz solicita seis años por encubrimiento agravado. El tribunal está integrado por María Valeria Mibelli, Elina Gómez Moreira y Gonzalo Ortega. El debate está previsto, en principio, hasta mediados de diciembre.
