En 1454, Venecia y Milán (con Florencia, Nápoles y los Estados Pontificios de fondo) firmaron la Paz de Lodi y crearon la Lega Italica. No lo hicieron por reconciliación ni por afinidad: lo hicieron porque la guerra continua los estaba agotando a todos, amenazaba sus privilegios y dejaba a la península vulnerable ante amenazas externas. El acuerdo instauró un equilibrio de poder que duró casi cuarenta años.
El Tratado de Lodi sirvió de manera directa para sostener los privilegios de las élites gobernantes y de las cinco grandes potencias italianas, consolidando una estructura que beneficiaba exclusivamente a los sectores más poderosos del siglo XV. Consolidó las dinastías en el poder al legitimar regímenes que carecían de aceptación formal, como los Médici. Crearon un oligopolio político: al fijar las fronteras existentes, las cinco potencias bloquearon el ascenso de ciudades-estado y señoríos más pequeños. La paz interna permitió a las oligarquías concentrar recursos en el control social, la recaudación y el aplastamiento de insurrecciones, en lugar de combatirse entre sí.
Algo similar ocurre en la Justicia de Tucumán, donde poderosos y cuasi millonarios jueces enfrentados parecen haber tomado nota del costo de seguir escalando el conflicto.
Un conflicto de larga data
Daniel Leiva ingresó como vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán pese a que Juan Manzur le había prometido a Marcela Ruiz que sería ella la que ocuparía la vacante dejada por Antonio Gandur. El pliego de Leiva fue aprobado en sesión legislativa a principios de 2019 con amplia mayoría oficialista y el juramento se concretó en el Palacio de Justicia con la presencia del entonces gobernador. La designación consolidó a Leiva en el máximo tribunal y, años después, en la presidencia que ejerce desde 2023 y renovó hasta 2027.
Ante esa situación, Ruiz decidió fortalecerse dentro de la mismísima Justicia. Consolidó su conducción en la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT) y en la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), y trabajó para promover personas afines a cargos relevantes, especialmente en la Justicia de Familia. Una de las señales visibles de ese posicionamiento fue la reunión que organizó con el gobernador Osvaldo Jaldo el 15 de septiembre de 2025 en Casa de Gobierno, con motivo del Día de la Magistratura. Allí Ruiz destacó las reformas en los códigos civil, procesal civil y de familia, y los nuevos nombramientos en fueros de alta demanda, en un encuentro que también contó con el ministro de Gobierno y Justicia y la fiscal de Estado.
Ese avance no le gustó a Leiva. Dentro de tribunales lanzó una suerte de cruzada para blindar su poder, particularmente a través de la Reforma Judicial que se tradujo en la Ley 9.987. Bajo su presidencia la Corte impulsó el Plan Estratégico 2024-2030, con Oficinas de Gestión Asociada, competencia material múltiple y rediseño de estructuras. La norma, requerida y reglamentada por el propio tribunal, le dio el control operativo de esas OGA y concentró decisiones de organización judicial. La Corte terminó juzgando, según dictamen del Ministerio Público Fiscal, la constitucionalidad de la ley que ella misma había impulsado.
El crecimiento de Ruiz también disgustó a otros magistrados, que vieron avasallamiento de la camarista sobre el resto del cuerpo. Así comenzaron a aparecer voces disidentes en la AMT. En octubre de 2025 la elección de representantes ante el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) estalló en escándalo: irregularidades en la inscripción de listas, renuncias de candidaturas y denuncias de falta de información durante una década de gestión. La lista opositora de los fiscales Daniel Marranzino y Carlos Saltor se impuso por un voto (80 a 79) a la vinculada a la conducción de Ruiz. El resultado desplazó a la AMT de uno de los espacios clave del CAM.
En diciembre de 2025 nació una nueva organización —la Red de Jueces, Fiscales y Defensores— con conducción colegiada integrada por Raúl Ángel Robín Márquez, Alicia Valentina Ruiz de los Llanos y María Beatriz Bisdorf, que ganó precisamente donde importaba: la representación ante el CAM. A ella se sumaron otras expresiones y reclamos individuales, como los del juez Gonzalo Ortega por gastos millonarios en cafetería, medicina prepaga y transferencias, y la demanda de la jueza Ana María Iacono por nulidad de la asamblea que aprobó el balance 2025. La interna se judicializó por completo: amparos electorales, intimaciones para exhibir libros contables, recusaciones, excusaciones y medidas cautelares que frenaron o condicionaron el proceso de renovación de autoridades cuyos mandatos vencen el 15 de diciembre de 2026.
Adela Seguí apareció como el alfil de Daniel Leiva para frenar a Ruiz. Hermana de Malvina Seguí, directora de la Escuela Judicial del CAM y con vínculos de larga data con el entorno de la Corte, su figura concentró la resistencia institucional a la conducción de la AMT. Malvina Seguí, por su parte, comunicó el 25 de septiembre de 2026 su intención de competir por la presidencia, pidió el padrón y presentó un amparo electoral el 14 de octubre para frenar el cronograma, cuestionando el cómputo de antigüedad de los socios adherentes incorporados de hecho desde 2021 pero formalizados con la reforma estatutaria publicada el 31 de octubre de 2025. El expediente recorrió juzgados, generó inhibiciones, recusaciones y apelaciones; una Cámara terminó ordenando suspender la convocatoria a elecciones del 3 de diciembre hasta sentencia de fondo.
El contraataque no se hizo esperar. El escándalo de las designaciones en la Escuela Judicial involucró directamente al vocal de la Corte Daniel Posse, presidente del CAM. Fuentes judiciales anticiparon sumarios, denuncias penales y posibles juicios políticos. El 4 de agosto de 2025 el CAM aprobó en “asuntos varios” el Acuerdo 82/2025, que reformó el régimen de permanencia del Director Académico y autorizó prórrogas unilaterales de hasta diez años. Tres días después Posse firmó la Resolución de Presidencia 256/2025, que extendió a Adela María Seguí hasta aproximadamente agosto de 2033, sin nueva evaluación del Consejo Académico. El 22 de octubre de 2025 la Resolución 381/2025 le asignó un cargo vacante permanente de Secretario de Corte “mientras ejerza sus funciones”.
En paralelo, Posse designó en planta permanente a Cecilia Susana Palacio —pareja del hijo de Adela Seguí y madre de su nieto— como Encargada Mayor, y a Daiana Mariel Acosta Rivero —identificada en investigaciones como nuera de Malvina Seguí—, quien en menos de diez meses pasó de ingreso temporario a Prosecretario Judicial. Malvina Seguí, como consejera suplente, intervino en la sesión del 4 de agosto defendiendo la reforma y agradeciendo la “confianza depositada por el señor presidente”, aunque pidió excusación solo al momento de votar. Las irregularidades invocadas incluyen incumplimiento del Acuerdo 3/2010 que exige concurso para cargos permanentes, falta de información al pleno y apariencia de conflicto de interés por parentesco y amistad documentada.
El escándalo llegó a tal punto que una versión (no confirmada) aseguró que Posse analizaba su renuncia a la Corte para evitar el juicio político por los irregulares beneficios otorgados a Seguí.
La conveniente tregua
Esta semana, en un implícito pacto de no agresión, las dos magistradas parecen haber tomado conciencia de los privilegios propios que están arriesgando, como los nobles que firmaron la Tregua de Lodi. Ruiz, de regreso de una licencia por salud, calificó el conflicto de “bochornoso” en entrevista y reconoció que “siento que esto es parte de una interna”, aunque aseguró no tener “ningún problema” con Seguí y que “nadie me empuja”. Seguí, por su parte, se lanzó formalmente a la candidatura en un video dirigido a magistrados, fiscales y defensores, prometiendo transparencia en los gastos. Ruiz parece haber resignado la conducción de la AMT, para replegarse a la poderosa FAM, donde mantiene su poder.
El equilibrio de celos y aspiraciones políticas preserva, por ahora, la estructura que ambos sectores integran. ¿O en realidad son parte de los mismos? La sangre no llegó al río simplemente porque el poder que poseen es demasiado como para arriesgarlo en cuestiones personales.
Los mismos jueces que juzgan el conflicto advirtieron a las partes en disputa que, de profundizarse la confrontación por la AMT podrían llegar a ser expuestos los ingresos de los magistrados que integran la asociación. Una versión asegura que un camarista cobra más de 20 millones de pesos y un juez de primera instancia con antigüedad llegan hasta los 15 millones. Todos ellos en cargos vitalicios. Es demasiado en una provincia en la que el salario promedio en el sector privado no llega al 1.4 millones de pesos.
Mientras tanto los ciudadanos de a pie observan cómo los millonarios privilegiados que deben impartir Justicia, utilizan su tiempo en infructuosos conflictos personales o políticos. La situación no es bochornosa. Es obscena.
Por Germán García Hamilton
Con asistencia de la IA en el procesamiento de datos.
