La Municipalidad de San Miguel de Tucumán obtuvo 33,5 puntos sobre 100 en el índice de Municipios Argentinos y quedó en el puesto 416 de 2.280 gobiernos locales del país, un resultado que confirma en cifras la opacidad que ya había sido documentada en notas anteriores de este medio sobre el secretismo en el manejo del dinero público y la caja negra de la gestión de Rossana Chahla. El índice pondera en un 50 por ciento la transparencia medida sobre diez criterios de publicación activa en sitios oficiales, y en ese componente la Capital alcanzó apenas 45 sobre 100, con cumplimiento solo en presupuesto vigente, ejecución presupuestaria y datos abiertos, mientras falla en planta de personal y sueldos, declaraciones juradas, canal de acceso a la información, publicación de adjudicaciones y declaración de cantidad de empleados.
Esa evaluación se cruza con lo ya publicado el 31 de agosto y el 2 de septiembre sobre la negativa de la gestión a informar haberes de secretarios ante requerimientos de jueces de Faltas, la invocación de la Ley de Protección de Datos Personales para resguardar recibos individuales, el peso del 31,5 por ciento del presupuesto 2026 destinado a residuos (unos 110.000 millones de pesos) y las contrataciones directas por 2.700 millones a cooperativas en tareas ordinarias. El presupuesto vigente de 349.783 millones de pesos muestra al 31 de julio una ejecución de gastos del 56,6 por ciento y recursos percibidos del 54,6 por ciento, cifras que se publican, pero que no compensan la ausencia de los ítems que el índice considera esenciales para que un municipio no quede en zona roja.
La comparación con municipios grandes de alto desempeño resulta elocuente: Tandil alcanza 100 sobre 100 en transparencia y un índice general cercano a 93, Bahía Blanca y General Pueyrredón superan los 90 en el componente de publicación de cuentas, mientras San Miguel de Tucumán permanece 40 o 50 puntos por debajo en el factor que más pesa en la calificación nacional. El portal de datos abiertos smtendatos.gob.ar, impulsado con el acompañamiento de Bloomberg Philanthropies no resuelve las fallas estructurales en personal, adjudicaciones concretas y canal formal de acceso, que el relevamiento de Municipios Argentinos registra como no cumplidos o con sitios que no responden.
El liderazgo provincial (1 de 112 en Tucumán) no altera el diagnóstico: el índice nacional coloca a la Capital en zona roja y refleja la distancia entre la publicidad de obras y acciones menores y la reserva sistemática de la información que permite controlar el gasto discrecional. La metodología del sitio aclara que la falta de presupuesto o ejecución limita el índice a 40 como máximo; San Miguel supera ese piso porque publica esas dos partidas, pero el resto de los criterios mantiene el puntaje bajo y confirma el cuadro de opacidad ya señalado en las investigaciones previas sobre la gestión de Chahla.
Los casos documentados
El índice de 33,5 sobre 100 que Municipios Argentinos asignó a San Miguel de Tucumán encuentra su correlato en los escándalos de opacidad que El Federalista documentó a lo largo de 2026, desde la denuncia penal por contrataciones directas hasta el convenio que institucionalizó el secretismo en el manejo de fondos. En mayo, la concejala Ana María González presentó ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana una denuncia contra cinco funcionarios —Luciano Chincarini, Camila Giuliano, Rodrigo Gómez Tortosa, Sebastián Ruiz Toscano y Marcelo Albaca— por presuntas contrataciones directas irregulares por unos 2.700 millones de pesos a cooperativas y particulares, invocando “necesidad y urgencia” para tareas ordinarias como corte de pasto, desmalezamiento y fabricación de refugios.
Entre los casos detallados figuran Atres Impresiones (40 paradas por 398 millones y 20 refugios más por 252 millones), Providers S.A. (165 kits de micro embarcado por 398 millones), Proyectar Futuro (394 millones en un trimestre) y Alberto Obeid (165,3 millones para mantener 116.070 m²). Varias prestatarias no estaban inscriptas en el Registro de Proveedores al momento de la firma o carecían de inscripción tributaria plena, y Chincarini —secretario de Servicios Públicos— figura además como monotributista en relación de dependencia con la Caja Popular de Ahorros, entidad históricamente vinculada a Carlos Cisneros. González señaló que la intendenta no firma las resoluciones y que todo queda en manos de secretarios, y preguntó públicamente quién controla a esos funcionarios.
Ese esquema se cruza con la negativa de agosto a entregar a tres jueces de Faltas los recibos de haberes de los secretarios de Gobierno, General, Fiscal de Estado y demás titulares de área, invocando la Ley de Protección de Datos Personales y ofreciendo solo una escala abstracta. El Federalista publicó el 31 de agosto que la gestión funciona como una caja negra, con el 31,5 por ciento del presupuesto 2026 (unos 110.000 millones) destinado a residuos —más del doble del promedio nacional de municipios— y con el diario oficial “El Sanmiguelino” distribuido sin costo informado. El 2 de septiembre se reveló el decreto de diciembre de 2023 firmado por Chahla, Giuliano y Ruiz Toscano que contrató al estudio Concilio & Sarralde para auditar y asistir a la propia gestión, con cláusulas de confidencialidad absoluta, pagos por horas certificadas internamente y la posibilidad de ampliar tareas sin pasar cada factura por el Concejo.
El estudio, que había auditado la herencia alfarista y que lista simultáneamente a la Municipalidad y al Consorcio Metropolitano de residuos como clientes, quedó instalado dentro de las oficinas municipales con recursos públicos. Esa arquitectura de reserva explica por qué la publicación de presupuesto y ejecución no alcanza para salir de la zona roja del índice nacional: los criterios de personal, sueldos, adjudicaciones y canal de acceso permanecen sin cumplir, mientras los escándalos documentados —contrataciones directas, residuos opacos y el convenio de secretismo— sostienen la distancia entre la publicidad de obras menores y el control efectivo del gasto discrecional.
