El Tribunal de Cuentas dejó encaminado el reclamo por la totalidad de los sueldos que José César Díaz percibió en la Caja Popular de Ahorros, al resolver que primero se cuantifique el daño de un nombramiento declarado nulo y recién después se examine la licencia psiquiátrica, aseguró El Tucumano. El Acuerdo 3799, dictado el 2 de octubre por los vocales Miguel Chaiben Terraf y Marcelo Vidal, suspendió los plazos de la comprobación sumaria para no cobrar dos veces las mismas remuneraciones y unificar el cargo fiscal sobre haberes que, según el propio organismo, carecen de causa legítima.
El dinero en discusión no se reduce a las semanas de licencia. Entre el 21 de junio de 2023 y el 22 de enero de 2026, unos 31 meses, Díaz acumuló el cargo político de interventor y el de Subgerente General Adscripto Nivel 3 en planta permanente, designación firmada por su entonces subordinado Hugo Guillermo Ledesma, cuñado de Carlos Cisneros, mediante la Resolución 494/23. El Acuerdo 1348, del 29 de abril, declaró la nulidad absoluta de ese acto por violación del artículo 9 de la Constitución provincial, que prohíbe acumular cargos rentados en la administración, y abrió la comprobación sumaria 556-360-2026 para determinar todo lo percibido.
La imputación preventiva de la Contaduría General fijó en junio de 2023 el haber inicial de ese cargo de planta en $11.521.343,29 mensuales, y hacia 2026 el mismo puesto en licencia rondaba los $13 millones. Con un promedio conservador de $12,26 millones, solo la planta irregular asciende a unos $380 millones en esos 31 meses; si se suma la remuneración del cargo político de interventor, el perjuicio estimado por este medio en mayo supera los 600 o 700 millones de pesos, cifra que el Tribunal todavía no liquidó y que la Caja deberá calcular. La Resolución de Intervención 339/26, del 19 de mayo, declaró insanable la designación, ordenó el cese, instruyó un sumario interno y mandó cuantificar el perjuicio, de modo que la devolución alcanza a la totalidad de los haberes y no a un tramo aislado.
Ese cálculo es el que el Acuerdo 3799 pone por delante. Los vocales advirtieron que un cargo autónomo por las licencias del expediente 1700-360-2026 podría reclamar dos veces las mismas remuneraciones, y dispusieron resolver primero si corresponde un juicio de responsabilidad por todos los sueldos cobrados al amparo del nombramiento inválido. Recién entonces se evaluará si subsiste un daño independiente por el uso de la licencia.
Entre el 25 de marzo y el 15 de mayo de 2026, mientras usufructuaba licencia psiquiátrica de largo tratamiento con goce íntegro de haberes, Díaz patrocinó en la Justicia a las hijas de Carlos Cisneros en una presentación orientada a censurar notas, sin haber pedido la suspensión de la matrícula ante el Colegio de Abogados. El expediente corre en paralelo al juicio de responsabilidad abierto el 1 de octubre contra Patricia Micaela Neme, Acuerdo 3760, por seis meses de sueldo bajo la codificación F43.2 y ejercicio privado simultáneo, de manera que el círculo que administró la Caja queda expuesto al mismo estándar: cobrar sin causa y responder por lo cobrado.
El origen del Acuerdo 3799 está en esta nota de El Tucumano. La cuenta de los 31 meses y la estimación de los haberes ya habían sido publicadas por este medio el 5 de mayo.
