Un nuevo escándalo se suma a la sucesión de irregularidades en la Caja Popular de Ahorros durante la pasada intervención. Pese a que la Constitución Provincial lo prohíbe expresamente, el ex interventor José Díaz ostentó dos cargos en el Estado, con los consecuentes ingresos desde 2023 a 2026.
Así quedó expuesto en una resolución del Tribunal de Cuentas, que declaró nulo el nombramiento del abogado cercano al diputado Carlos Cisneros, como Subgerente General Adscripto Nivel 3 en la planta permanente de la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán. La medida se fundamenta en vicios graves de competencia, procedimiento, causa, motivación, finalidad y objeto, que vulneran normas constitucionales y estatutarias.
Según el organismo de control, la designación se concretó el 21 de junio de 2023 a través de la Resolución de Intervención N° 494/23, suscripta por el entonces subinterventor CPN Hugo Guillermo Ledesma (cuñado de Cisneros). En ese momento, Díaz ya ocupaba el cargo de interventor de la entidad, designado por decreto provincial. El acto administrativo permitió la coexistencia de ambos empleos públicos remunerados, en clara violación al artículo 9° de la Constitución de Tucumán, que prohíbe la acumulación de cargos a sueldo en la administración provincial o municipal.
La norma constitucional es taxativa: la simple aceptación de un segundo puesto produce la vacancia automática del primero. El Tribunal subrayó que la licencia por cargo político invocada en el estatuto interno de la Caja Popular no neutraliza esta incompatibilidad, ya que se trata de una vacancia ipso iure (por virtud del derecho mismo) y no de una mera suspensión. De este modo, la designación resultó nula desde su origen y generó una situación de funcionario de hecho en los actos administrativos que Díaz suscribió como interventor entre el 21 de junio de 2023 y el 22 de enero de 2026, fecha en que se aceptó su renuncia al cargo político.
El organismo detectó además irregularidades de procedimiento. Ledesma firmó la resolución sin que constara ausencia, impedimento o excusación documentada del interventor titular, en infracción a las normas de subrogancia establecidas en la Resolución de Intervención N° 244/18. El dictamen jurídico previo (N° 20913) fue genérico y omitió el análisis de las incompatibilidades y el cumplimiento del Estatuto del Personal. Tampoco se respetó el régimen de ingreso por concurso de méritos y antecedentes previsto para los cargos jerárquicos de planta permanente.
El Tribunal calificó la designación como una desviación de poder: lejos de cubrir una necesidad del servicio, el acto buscaba asegurar a Díaz un puesto permanente una vez finalizada su intervención. Esta circunstancia configuró, según el acuerdo, un vicio en la finalidad del acto administrativo.
Entre 600 y 700 millones de pesos en 31 meses
Respecto del perjuicio económico, el Acuerdo 1348/2026 dispuso la apertura de una comprobación sumaria para determinar los haberes que Díaz hubiere percibido en concepto del cargo de planta permanente durante los aproximadamente 31 meses de coexistencia irregular de funciones, así como la posible simultaneidad remunerativa con el cargo político.
La imputación preventiva de la Contaduría General en junio de 2023 fijó el haber inicial del cargo de Subgerente General Adscripto Nivel 3 en $11.521.343,29 mensuales. Hacia 2026, según datos periodísticos verificados, el haber por el mismo cargo en licencia alcanzaba aproximadamente $13 millones mensuales.
Tomando un promedio conservador de $12,26 millones por mes solo por el cargo de planta permanente (sin considerar actualizaciones intermedias ni posibles ajustes por antigüedad o adicionales), el monto percibido irregularmente durante los 31 meses ascendería a unos $380 millones.
Si se suma la remuneración por el cargo político de interventor (cuyo monto exacto no figura en el acuerdo del Tribunal pero que, por su jerarquía, era también de varios millones mensuales), el perjuicio total al erario podría superar ampliamente los 600-700 millones de pesos en el período analizado. Estas cifras son estimativas y deberán ser precisadas por la comprobación sumaria ordenada por el Tribunal.
Con posterioridad a la aceptación de su renuncia como interventor, Díaz reasumió funciones efectivas en el cargo de planta permanente y suscribió dictámenes jurídicos en su carácter de Asesor Jurídico del organismo. Así ocurrió, por ejemplo, en el control preventivo de la Resolución N° 091/26, donde el Tribunal constató que el dictamen llevaba su firma con sello de “Asesor Jurídico”. Esta superposición refuerza el conflicto de intereses ya advertido en la designación originaria.
El Tribunal de Cuentas puso en conocimiento de las autoridades de la Caja Popular, del Poder Ejecutivo provincial y del Ministerio Público Fiscal las conclusiones del acuerdo, a fin de que se adopten las medidas disciplinarias y judiciales correspondientes. La resolución refuerza el principio de control y transparencia en el manejo de los recursos públicos y el estricto cumplimiento de las incompatibilidades que rigen para los funcionarios provinciales.
Antes de esta resolución, el Tribunal de Cuentas también había observado con nulidad absoluta designaciones firmadas por Díaz en sus últimos días como interventor (21 de enero de 2026), en las que habría actuado simultáneamente como autoridad emisora y, posteriormente, como asesor letrado que avalaba la legalidad de sus propios actos. Esta superposición configuraría una grave irregularidad adicional en el manejo de la entidad autárquica.
Cisnerismo explícito
En paralelo a su rol en la Caja Popular, José César Díaz actuó como letrado en causas vinculadas al diputado nacional Carlos Cisneros y su entorno familiar. En abril de 2026, mientras gozaba de licencia psiquiátrica con goce de haberes en la entidad, participó por Zoom en una audiencia pública representando a las hijas del legislador en un proceso judicial contra el medio El Tucumano, con el objetivo de solicitar la eliminación de publicaciones. Esta intervención se suma a otras actuaciones profesionales que lo vinculan políticamente con el referente de La Bancaria en la provincia.
