La Justicia de Santiago del Estero resolvió liberar a Gerardo Caro, Matías Llado y Graciela Moyano, tres de los imputados en la investigación por el presunto desfalco superior a $6.000 millones contra Fürth Automotores.
La decisión fue adoptada por el juez de Control y Garantías con Competencia Juvenil, Gastón Merino, quien rechazó el pedido de prisión preventiva presentado por la Fiscalía y la querella. Además, descartó la imputación por asociación ilícita y mantuvo el delito de estafa.
Caro era gerente de la concesionaria, Llado ocupaba la jefatura de Ventas y Moyano trabajaba como cajera. Los tres permanecían detenidos desde hacía aproximadamente un mes.
El juez cuestionó la hipótesis de asociación ilícita
Según la acusación, la investigación reunió documentación, registros audiovisuales, testimonios de empleados y resultados de una auditoría interna que detectó un importante perjuicio económico.
Sin embargo, Merino consideró que las pruebas incorporadas hasta el momento no alcanzan para sostener la existencia de una asociación ilícita.
El magistrado también planteó interrogantes sobre el nivel de conocimiento que pudieron tener los máximos responsables de la empresa frente a un faltante de semejante magnitud. En su resolución sostuvo que un desfalco de estas características «no puede haberse producido sin conocimiento mínimo» de las autoridades superiores, del directorio o de los responsables del control financiero.
Por ese motivo, instó al Ministerio Público Fiscal a ampliar la investigación hacia otros posibles responsables, incluidos integrantes de la estructura jerárquica de la concesionaria.
Sin prisión preventiva y con una nueva pericia contable
Durante la audiencia, los fiscales y los representantes de la querella solicitaron que los tres imputados continuaran privados de su libertad. Entre sus argumentos señalaron los riesgos procesales y el avance de la auditoría interna sobre las cuentas de la empresa.
Merino rechazó ese planteo. Para el juez, la pericia contable que todavía está en curso no resulta suficiente para justificar una prisión preventiva.
En consecuencia, ordenó al Ministerio Público Fiscal la realización de una pericia contable propia e independiente, con valor probatorio para avanzar sobre la acusación.
Las cauciones llegan hasta los $70 millones
La libertad quedó sujeta al cumplimiento de distintas medidas. Gerardo Caro y Matías Llado deberán presentar cauciones reales por $70 millones cada uno, mientras que Graciela Moyano deberá garantizar $20 millones.
Los bienes ofrecidos como fianza deberán superar primero los controles correspondientes. Los organismos competentes verificarán que no tengan gravámenes, prendas u otras restricciones.
Una vez cumplido ese procedimiento, los tres podrán recuperar formalmente la libertad.
El juez también fijó reglas de conducta para los imputados. Deberán establecer domicilio y no podrán acercarse ni comunicarse con los clientes relacionados con la causa ni entre ellos, con un perímetro mínimo de 100 metros.
A esto se suma la retención de los pasaportes, la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse cada 30 días ante la Oficina de Medidas Alternativas y Sustitutivas (OMAS) durante seis meses.
Para Moyano existe además una medida específica: deberá concurrir personalmente a la Fiscalía para permitir la apertura del teléfono celular secuestrado durante la investigación.
Las defensas estuvieron a cargo de Guillermo Ruiz Alvelda, por Caro; Miguel Torres, por Llado; y Javier Leiva y Lucas Díaz, por Moyano.
Con el fallo de Merino, la investigación por el presunto fraude millonario continuará con los tres acusados en libertad y bajo medidas restrictivas. La Fiscalía deberá avanzar con nuevas pruebas y profundizar la pesquisa, mientras la causa mantiene como eje la acusación por estafa.
