La investigación por el cargamento de 470 kilos de cocaína interceptado el 4 de junio en la ruta nacional 157, a la altura de Río Seco, dejó de ser solo un expediente de transporte terrestre. El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz vinculó al caso una pista de aterrizaje en un predio de Estación Aráoz, en el este tucumano, y retuvo seis avionetas. Tres de ellas estarían fuera de servicio por fallas mecánicas. Con las detenciones de esta semana, la causa pasa de seis a nueve imputados.
El hallazgo original lo concretó el Escuadrón 71 “Aguilares” de Gendarmería Nacional, en un control del Operativo Lapacho. En la caja de una Toyota Hilux, detrás de bidones de combustible y bajo una lona, había 15 bultos de arpillera verde con 449 ladrillos marcados con el sello del delfín. El pesaje oficial fue de 470,470 kilos. Las tasaciones públicas oscilaron: Gendarmería habló entonces de más de 10.300 millones de pesos; crónicas posteriores ubicaron el valor entre 1,1 y 2,3 millones de dólares, según el mercado de referencia.
El 14 de julio, la misma fuerza incineró la sustancia en una planta de Los Vázquez. Lo que quedó abierto es la organización que, según la Fiscalía, habría recibido el cargamento por aire y lo estaba moviendo hacia un acopio en el sur provincial.
De Famaillá a Estación Aráoz
Hasta ahora, el mapa de la causa estaba anclado en Famaillá, Chicligasta y la 157. El giro de septiembre corre el foco hacia Estación Aráoz, localidad del departamento Leales. El lunes, gendarmes detuvieron allí a Mateo Mauricio Bonetti, de 25 años. Ante Arca figura como proveedor de servicios combinados de gestión administrativa. En el pueblo lo conocen por el alquiler de peloteros. Su familia, en cambio, presta servicios agropecuarios de fumigación y, según las fuentes judiciales citadas por La Gaceta, dispone de una pista para las aeronaves que cumplen ese trabajo.
La hipótesis de la Fiscalía es que Pablo Abraham Pérez —el empresario de Famaillá al que el expediente señala ahora como presunto responsable de la organización— contactó a Bonetti para usar ese predio. Tres de las seis avionetas retenidas pertenecerían a la familia; las otras tres habrían ingresado al taller para reparación. Asistido por el defensor Víctor Padilla, el joven se negó a declarar.
Esa hipótesis no nace de un hallazgo aislado. Desde el primer parte, Vehils Ruiz sostuvo que un volumen de esa magnitud no entra al país por una ruta terrestre convencional. Los peritos que examinaron los bultos descartaron, en un informe preliminar de junio, que hubieran sido arrojados desde el aire: el estado del embalaje apuntaba a una descarga en tierra tras un aterrizaje. La Hilux tenía GPS. Esa pericia —demorada entonces por falta de tecnología local— debía reconstruir si el vehículo había ido y vuelto de un campo, y cuántas veces.
Los bidones hallados en la caja alimentaron dos lecturas: abastecer una aeronave o señalar un descenso. Vecinos de la zona rural de Famaillá habían denunciado, meses antes, vuelos rasantes sobre campos sin cultivo. El exlegislador José Orellana desestimó esas versiones en junio: dijo que la última avioneta que vio sobre la ciudad era de un circo. La pesquisa, tres meses después, no se detuvo en Famaillá.
Los nueve nombres
El primero en caer fue Marcos Martín Nacif, de 62 años, al volante de la Hilux. Dijo que lo habían contratado para llevar bidones de combustible hasta la entrada de Chicligasta y que cobraba 50.000 pesos. Evitó precisar quién lo convocó. Tiene 46 movimientos migratorios por pasos de Salta, Misiones y Corrientes. Es tío de Jorge “Pelaín” Nassif, detenido en abril en Famaillá y procesado por abastecer “quioscos” del sur tucumano y de Santiago del Estero. “Pelaín” declaró después como testigo y, según su defensa, se desvinculó del cargamento.
El segundo fue Rodrigo Cristian “Icha” Chávez, 47 años, verdulero de Famaillá y ex candidato a concejal por el Movimiento de Unidad Popular. Dentro de la camioneta había una tarjeta verde a su nombre, su DNI, ocho banderas del MUP y una planilla en blanco de “entrega de módulos de mercadería” con sello del Ministerio de Desarrollo Social. Su defensor, Benito Allende, sostuvo que Chávez había entregado la Hilux a Abraham como parte de pago de otra camioneta. Infobae informó, además, que Chávez era empleado del Gobierno de Tucumán.
Pablo Abraham Pérez, 36 años, se presentó el 12 de junio con el abogado Ernesto García Biagosch y se abstuvo de declarar. Es titular de una sandwichería, un local bailable que funcionó en El Mollar, una empresa de transporte y compraventa de vehículos. En los allanamientos se secuestraron una máquina contadora de billetes, cheques, llaves y documentación bancaria. Nacif y otros coimputados lo señalaron como quien encargó el viaje. La Fiscalía lo describe ahora como presunto líder del grupo.
Completaron el primer tramo Enrique Santos Catulo y su hijo Ernesto Catulo Chamas, de una agencia de automotores de la capital, y Matías Díaz. A los tres se los investiga por el circuito de compraventa de vehículos, con hipótesis de lavado. Enrique Catulo había sido condenado en 2017 en el juicio al clan Ale por asociación ilícita. Según crónicas de junio, se reunió con Abraham en la estación de servicio donde la Hilux quedó una hora sin custodia el 4 de junio, antes del control.
Esta semana se sumaron dos nombres más, además de Bonetti. Silvio “Chivo” Medina, de Famaillá, aparece en el expediente como la mano derecha de Abraham. En mayo de 2025, un operativo de la Digedrop lo detuvo con una piedra de casi medio kilo de cocaína y 250.000 pesos. Padece una enfermedad terminal y cumple preventiva en arresto domiciliario. Los investigadores creen que, desde esa casa, siguió operando. El último arrestado es Ramiro Paradi, de Aguilares. Sobre él hay dos versiones: que integraría o tendría lazos con el clan Paradi —familia del sur tucumano condenada en Catamarca, en una causa que también impulsó Vehils Ruiz, a penas de hasta nueve años— o que sería pariente del presunto líder. Ninguna de las dos está acreditada en público.
El corredor aéreo ya es hipótesis aislada
El 4 de noviembre de 2025, una avioneta se precipitó en Antillas, Rosario de la Frontera, a 50 kilómetros del límite con Tucumán. Gendarmería recuperó 364 kilos de cocaína —136 a la vista y 228 enterrados— con sello Prada. El fiscal federal de Salta, Ricardo Toranzos, describió entonces el patrón: organizaciones que usan provincias del interior para “enfriar” la carga antes de enviarla a los puertos. El gobernador Osvaldo Jaldo y otros mandatarios del NOA pidieron a la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, un esquema de radarización regional. La respuesta sigue pendiente.
En Tucumán, las alertas vecinales de Anca Juli, Tafí del Valle, Escaba, Tapia, Alberdi y Graneros se reiteraron durante 2025 y 2026. Con el procedimiento de Río Seco, los decomisos de cocaína en la provincia habían sumado 831 kilos en lo que iba de 2026, un 24,2% más que en el mismo tramo de 2025.
La causa de los 470 kilos no identificó todavía al piloto, la matrícula ni el punto exacto de descenso. Tampoco cerró si el destino final era el acopio en Famaillá, un cruce hacia otras provincias o la exportación. Lo que sí cambió esta semana es el inventario material: una pista en Estación Aráoz, seis aeronaves retenidas y tres detenciones que desplazan el expediente del sur hacia el este. El secreto de sumario que dictó en junio el juez federal José Manuel Díaz Vélez sigue vigente. Las defensas, por ahora, niegan. La Fiscalía, por ahora, suma nombres.
