La investigación por el asesinato de Juan Andrés López (24 años), atacado con un destornillador en los calabozos de la Comisaría Sexta de San Miguel de Tucumán, sumó elementos de prueba a partir de la difusión de mensajes de voz que la víctima envió a sus allegados minutos antes del hecho. En los registros de audio, el joven expresaba temor por su integridad física y advertía de manera reiterada sobre la posibilidad de sufrir un ataque por parte de otros detenidos alojados en la seccional.
De acuerdo con las declaraciones del entorno familiar de la víctima, el origen de las desavenencias en el área de detención se remontaría a disputas de convivencia previas que involucraban al padre del joven, quien también se encontraba alojado en la misma dependencia policial hasta su posterior traslado a otro centro de detención. Según el relato de los allegados, tras dicho traslado, López habría quedado en una situación de mayor vulnerabilidad frente al resto de la población carcelaria. Asimismo, la familia cuestionó el desempeño del personal policial a cargo de la custodia del recinto, aunque dichas sospechas no cuentan por el momento con acreditación en las actuaciones judiciales.
En el plano procesal, la Justicia imputó a Ricardo Fabio “Condorito” Condorí bajo la figura de homicidio cometido en exceso de la legítima defensa y dictó su prisión preventiva. La hipótesis preliminar manejada por la fiscalía plantea que, en el contexto de una pelea, el imputado le habría quitado el destornillador a López para luego atacarlo.
Por su parte, la querella familiar rechazó la reconstrucción oficial del hecho y solicitó que se amplíen las medidas de prueba. La parte querellante sostiene la hipótesis de una agresión multipartita y requiere determinar si existió participación de otros internos en el hecho, así como deslindar las responsabilidades administrativas y penales del personal policial de turno.
