El avance del emprendimiento inmobiliario “Las Pirámides” sobre tierras de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) derivó en el procesamiento de un hombre de 66 años y su hijo de 38. La medida fue dictada por el juez federal Guillermo Díaz Martínez, titular del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán.
La resolución alcanzó a P.M.S., señalado como autor de tres hechos de usurpación registrados en 2019, 2022 y 2024, además de los delitos de defraudación por estelionato y daño agravado sobre bienes de uso público. Su hijo, M.S., quedó procesado como partícipe secundario de las usurpaciones y del daño.
La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Federal N° 2 de Tucumán, conducida por Agustín Chit, con la participación de la auxiliar fiscal Julia Vitar. Ambos acusados continuarán en libertad durante el proceso, aunque el magistrado ordenó embargos por $500 millones sobre los bienes del padre y por $200 millones sobre los del hijo.
Díaz Martínez también tomó en cuenta un antecedente penal de P.M.S. El hombre recibió el 20 de diciembre de 2024 una condena firme del mismo juzgado a un año de prisión en suspenso y una multa de $30 millones por desobediencia a un funcionario público.
Un emprendimiento que creció pese a una orden judicial
La causa comenzó a partir de una medida cautelar dictada el 3 de diciembre de 2018 por el Juzgado Federal N° 1 de Tucumán. Esa resolución había ordenado frenar las construcciones de viviendas, la tala de árboles, los desmontes, la apertura de caminos y cualquier otra intervención en el sector conocido como “Las Pirámides”, dentro del Parque Sierra de San Javier.
Los registros incorporados al expediente permitieron reconstruir un crecimiento progresivo del asentamiento.
En abril de 2019 había 25 viviendas terminadas y otra en construcción. Para 2022, los relevamientos detectaron 21 nuevas viviendas, desmontes de grandes dimensiones, árboles talados, maquinaria y materiales destinados a nuevas obras.
La Justicia ordenó luego una inspección ocular. El operativo se realizó el 20 de abril de 2024 con participación de Gendarmería Nacional y personal de la UNT. En ese procedimiento se contabilizaron 54 viviendas dentro del predio.
Más tarde, especialistas del Departamento de Geodesia y Topografía de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNT georreferenciaron 70 construcciones. También registraron terrenos delimitados con cercos y carteles con expresiones como “propiedad privada” y “prohibido pasar”. Algunos sectores tenían además carteles con los nombres de las familias que ocupaban las viviendas.
Los relevamientos judiciales, junto con vuelos realizados con drones en 2019, 2022 y 2024, aportaron elementos sobre la expansión del emprendimiento.
La evolución también apareció en el consumo eléctrico. Según la investigación, el suministro registrado a nombre de P.M.S. pasó de 155 kWh en mayo de 2012 a picos de 8627 kWh, una suba del 3.572,25%.
La investigación también apuntó a la venta de lotes
La Fiscalía Federal N° 2 incorporó a la causa publicaciones en redes sociales y plataformas digitales, además de recibos y boletos de compraventa.
Los investigadores identificaron al menos 19 boletos de compraventa y una cesión de derechos posesorios. De ese conjunto, al menos 12 operaciones se concretaron después del 3 de diciembre de 2018, cuando ya regía la prohibición judicial sobre el loteo y la transferencia de parcelas.
Según la acusación, algunos documentos presentaban a P.M.S. como poseedor del inmueble desde hacía más de un siglo. También mencionaban una supuesta sentencia firme que respaldaría su derecho a adquirir el dominio mediante usucapión.
Sin embargo, la investigación estableció que la Dirección Provincial de Catastro rechazó en 2009 un plano de mensura presentado por P.M.S. con el objetivo de obtener la prescripción adquisitiva.
El juez señaló que el acusado no tenía un título ni una resolución judicial que le reconociera derechos de dominio o posesión sobre esas tierras al momento de los hechos investigados.
Para el magistrado, la documentación utilizada en las operaciones habría generado una apariencia de legitimidad frente a los compradores. Además, aclaró que un sobreseimiento dictado en una causa iniciada en 1998 no reconoció derechos de propiedad ni habilitó el loteo, el desmonte o la venta del inmueble.
Qué rol le atribuyeron al hijo
La situación de M.S. también quedó bajo análisis de la Justicia Federal. La Fiscalía sostuvo que su participación excedió un simple acompañamiento familiar.
Entre los elementos considerados aparece un episodio de diciembre de 2018, cuando el acusado habría impedido el ingreso de personal judicial y de un representante legal de la UNT al predio.
También se tuvo en cuenta lo ocurrido durante el allanamiento de abril de 2024. Según la investigación, M.S. habría amenazado a integrantes de Gendarmería antes de permitir el acceso tras la exhibición de la orden judicial.
Además, los investigadores encontraron publicaciones en las que ofrecía lotes del barrio privado “Las Pirámides”. La causa también detectó su relación con San Javier WIMAC SAS, empresa que brindaba internet a familias instaladas en el lugar, y transferencias de compradores y habitantes del predio hacia su cuenta de Mercado Pago.
Tierras públicas de la Universidad Nacional de Tucumán
Uno de los puntos centrales del expediente es la condición jurídica del terreno. La Universidad Nacional de Tucumán es propietaria de las tierras del Parque Sierra de San Javier desde 1948 y esos inmuebles tienen carácter de bienes de dominio público.
La UNT creó formalmente el Parque Universitario Sierra de San Javier mediante la Resolución N° 1030/73. El área quedó destinada a la educación y la interpretación ambiental, la investigación científica, la conservación de servicios ambientales, el turismo y la recreación.
Resoluciones posteriores, dictadas entre 1974 y 1975, establecieron restricciones sobre el lugar. Entre ellas, la prohibición de actividades agrícolas, ganaderas, comerciales e industriales, además de la residencia humana y cualquier intervención capaz de alterar el paisaje o el equilibrio del ecosistema.
Por su condición de bien de dominio público, el inmueble no puede ser adquirido por usucapión ni transferido por particulares.
La causa también documentó desmontes, tala de árboles, apertura de caminos y nuevas construcciones dentro del área protegida.
Para la Fiscalía, la maniobra provocó un desapoderamiento progresivo de tierras de la UNT y una afectación ambiental y territorial. El expediente también considera el impacto sobre el destino público asignado al Parque Sierra de San Javier.
El impacto ambiental todavía debe determinarse
La investigación incorporó además una línea vinculada con el posible daño ambiental.
En octubre de 2024, la Fiscalía pidió autorización para realizar un estudio técnico que determine si las obras y las distintas intervenciones provocaron daños sobre el ambiente. El objetivo también consiste en establecer su magnitud.
Para ese trabajo fueron propuestos investigadores del Instituto de Ecología Regional (IER) y del Instituto de Investigaciones Territoriales y Tecnológicas para la Producción del Hábitat (INTEPH), organismos dependientes del CONICET NOA Sur.
Los especialistas elaboraron un protocolo y calcularon un plazo aproximado de 70 días para completar el estudio. El peritaje todavía no comenzó, ya que Díaz Martínez elevó el pedido al Consejo de la Magistratura de la Nación para conseguir los fondos necesarios.
La investigación, de esta manera, continúa con dos aspectos abiertos: la situación judicial de los dos procesados y la determinación del eventual impacto ambiental provocado por el avance del emprendimiento sobre tierras públicas de la UNT.
