El economista Horacio Rovelli lanzó duras críticas hacia el rumbo financiero de la administración nacional al analizar los lineamientos del proyecto de Presupuesto. En declaraciones periodísticas, el analista denunció que la arquitectura fiscal del Poder Ejecutivo prioriza de manera absoluta el cumplimiento de los servicios de la deuda pública por sobre las asignaciones destinadas a la salud, la educación, la seguridad y los recursos coparticipables que corresponden a los estados provinciales. «La deuda pasó de 370.000 a 484.000 millones de dólares y no se compró un solo ladrillo», afirmó Rovelli, al señalar un incremento de 114.000 millones de dólares en el pasivo bruto sin correlato en obras de infraestructura.
De acuerdo con el desglose del especialista, el Presupuesto proyectado se ubica en torno a los 70.000 millones de dólares —equivalente a un 12% del Producto Bruto Interno (PBI), por debajo del 17,5% registrado en 2023—, de los cuales unos 20.000 millones de dólares estarán destinados en forma exclusiva al pago de intereses. Rovelli advirtió sobre la insostenibilidad del esquema al remarcar que los compromisos anuales por este concepto rozan los 40.000 millones de dólares bajo tasas internacionales del 8% anual en dólares, lo que genera una refinanciación parcial que retroalimenta la acumulación de pasivos. «Hicieron un brutal ajuste fiscal, pero de lo que queda, una porción gigantesca se va en pagar intereses a tasas de usura», graficó.
El impacto sobre las economías regionales y el federalismo fiscal ocupó un lugar central en la exposición del economista. Rovelli precisó que, mientras el gasto primario nacional experimentó una contracción del 36% en términos reales en comparación con 2023, las transferencias hacia las provincias sufrieron una caída del 46%. En contraposición con esta tijereta presupuestaria sobre las jurisdicciones subnacionales, la obra pública y los salarios del sector estatal, el analista remarcó que las únicas partidas con variaciones positivas corresponden a los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y a los gastos operativos de protocolo y viajes de la Presidencia de la Nación.
En otro orden, Rovelli cuestionó la metodología de medición de la inflación por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), a la que calificó como una herramienta deliberada para licuar las erogaciones previsionales. Al representar los haberes de 7,8 millones de jubilados y pensionados cerca del 45% del presupuesto total —con una mayoría percibiendo el haber mínimo de 450.000 pesos—, la subestimación de los índices de precios actúa, según su visión, como un mecanismo directo de ajuste sobre los sectores de menores ingresos.
Finalmente, el especialista planteó severos interrogantes sobre el destino de más de 120.000 millones de dólares acumulados durante los últimos 31 meses mediante el superávit comercial, el blanqueo de capitales, desembolsos de organismos multilaterales (FMI, BID y Banco Mundial) y la emisión de obligaciones negociables. Al no registrarse avances en infraestructura edilicia ni en el desarrollo de la marina mercante, Rovelli advirtió que el oficialismo busca compensar el desequilibrio patrimonial mediante la cesión de activos estratégicos, incluyendo la privatización del mantenimiento de la red vial nacional, la concesión por 25 años de la Vía Navegable Troncal del río Paraná, la venta de las acciones estatales en Transener y la entrega de las represas hidroeléctricas de la región del Comahue.
