El proceso de privatizaciones impulsado por el Gobierno de Javier Milei sumará en las próximas semanas nuevos activos energéticos. La agenda nacional incluye cuatro grupos hidroeléctricos cuyos contratos originales ya terminaron y entre ellos aparecen instalaciones clave para Tucumán.
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), bajo la conducción de Diego Chaher, trabaja sobre el nuevo esquema de concesiones. La intención oficial es avanzar con concursos para definir quiénes quedarán a cargo de las centrales durante las próximas décadas.
Para Tucumán, el proceso tiene especial relevancia. El listado incluye al complejo Río Hondo-Los Quiroga, ubicado entre Tucumán y Santiago del Estero, además de El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, tres centrales situadas dentro de la provincia.
Los contratos originales de estos emprendimientos surgieron durante la década de 1990 y tenían una vigencia de 30 años. Con esos plazos ya vencidos, las centrales quedaron bajo distintos mecanismos de transición mientras la Nación define las condiciones para las nuevas concesiones.
Qué pasará con las centrales tucumanas
El caso de Tucumán presenta una particularidad por la cantidad de instalaciones alcanzadas por el nuevo proceso.
Río Hondo-Los Quiroga continúa bajo la operación de Hidroeléctrica Río Hondo. El complejo tiene presencia en el sistema energético de Tucumán y Santiago del Estero.
En territorio tucumano, El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo permanecen bajo la órbita de Hidroeléctrica Tucumán. La situación contractual de estas instalaciones se encuentra dentro del proceso que ahora busca resolver la administración nacional.
El período de transición establecido para Hidroeléctrica Tucumán llega hasta el 15 de diciembre, aunque existe la posibilidad de una extensión.
La decisión final todavía depende de las condiciones que establezca el Gobierno nacional para los nuevos concursos. El objetivo oficial es reemplazar los esquemas transitorios por concesiones de mayor plazo.
Una nueva etapa para los activos energéticos
Las hidroeléctricas tucumanas forman parte de un plan más amplio. La Nación también prepara nuevas concesiones para Futaleufú, en Chubut, y el sistema Diamante, en Mendoza.
La estrategia se inscribe dentro del proceso de reducción de la participación estatal en empresas y activos energéticos. Enarsa ya transfirió su participación en Citelec, sociedad que controla Transener, en una operación por US$356 millones.
También fueron adjudicadas nuevas concesiones para cuatro grandes represas del Comahue. Esas operaciones generaron ingresos superiores a US$700 millones.
Ahora la mirada se concentra en los siguientes activos.
El Gobierno busca recaudar más de US$1.000 millones
La nueva ofensiva sobre empresas y activos estatales no se limita al sector hidroeléctrico. El Gobierno nacional prevé obtener más de US$1.000 millones antes de fin de año a través de distintas operaciones.
Entre las principales aparece la venta de las participaciones de Enarsa en las centrales termoeléctricas Manuel Belgrano y José de San Martín. El Estado posee el 65,006% de la primera y el 68,83% de la segunda.
Las estimaciones preliminares del mercado ubican en unos US$300 millones cada una las participaciones estatales, aunque el monto definitivo dependerá de los procesos competitivos.
A esto se suma AySA. El Estado puso a la venta el 90% de las acciones de la empresa y espera obtener cerca de US$500 millones.
También habrá un nuevo intento para desprenderse de Intercargo. La primera licitación no recibió ofertas y ahora el Gobierno analiza un nuevo llamado sin precio base.
El objetivo: conseguir fondos para la deuda
El avance de las privatizaciones también responde a una necesidad fiscal y financiera. El programa diseñado por el ministro de Economía, Luis Caputo, contempla utilizar parte de los recursos obtenidos para atender los compromisos de deuda.
Según las estimaciones citadas en el informe, las necesidades financieras de 2027 alcanzarían unos US$24.900 millones. El cálculo incluye US$15.700 millones de capital y otros US$9.200 millones correspondientes a intereses.
Dentro del esquema financiero oficial aparecen distintas fuentes de recursos. Entre ellas figuran US$4.200 millones de organismos internacionales, US$5.000 millones de colocaciones en el mercado local y US$1.500 millones provenientes de privatizaciones.
En ese escenario, las centrales hidroeléctricas de Tucumán quedan incorporadas a una estrategia nacional que busca redefinir quiénes operarán activos energéticos cuyos contratos ya vencieron. El próximo paso será conocer las condiciones que establecerá la Nación para los nuevos concursos y el futuro de las instalaciones.
