Tucumán anticipó la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil y, según afirmó el gobernador Osvaldo Jaldo, la provincia ya cuenta con parte de la estructura necesaria para afrontar los cambios que plantea la normativa nacional.
El mandatario puso el foco en la tarea de planificación que realizó la provincia durante los últimos meses. También destacó la articulación entre los distintos poderes del Estado para definir el esquema que permitirá aplicar la nueva legislación.
«No sé si hemos sido la primera o una de las primeras provincias que nos fuimos preparando para esto. Hoy ya hay un equipo que lo está conduciendo el vicegobernador Miguel Acevedo, conjuntamente con los legisladores, trabajando con la Suprema Corte de Justicia y ministros del Poder Ejecutivo vinculados al tema», explicó Jaldo.
La provincia conformó una comisión especial con participación de representantes del Poder Ejecutivo, la Legislatura y la Justicia. El objetivo es establecer los mecanismos necesarios para que el nuevo régimen pueda funcionar cuando entre en vigencia.
Un sistema separado de las cárceles de adultos
Jaldo también remarcó que la nueva normativa exige una estructura específica para los menores que queden alcanzados por la responsabilidad penal. En ese punto, sostuvo que los adolescentes no deben compartir espacios con la población penitenciaria adulta.
«Para aplicar la ley lo primero que hay que tener es un espacio físico para albergar a todos aquellos menores que cometan delitos y obren fuera de la ley. Estos menores no pueden ir a las cárceles ni a los servicios penitenciarios; estos menores tienen que tener instituto propio, es decir, un espacio que los logre recuperar para reintegrarlos a la sociedad de acuerdo al delito que hayan cometido», argumentó.
En ese esquema aparece el Instituto del Cura Brochero, una de las principales herramientas con las que cuenta Tucumán para atender a jóvenes en conflicto con la ley. El establecimiento dispone de una capacidad de entre 80 y 100 jóvenes, según detalló el gobernador.
«En eso Tucumán ha sido un adelantado. Hemos creado el Instituto del Cura Brochero y lo hemos habilitado con una capacidad de entre 80 y 100 jóvenes», sostuvo.
Para Jaldo, la infraestructura disponible coloca a Tucumán en una posición favorable frente al nuevo escenario. La provincia busca que el cumplimiento de las medidas previstas por la legislación también tenga un componente de recuperación y reinserción social.
En ese sentido, el gobernador descartó que la implementación del régimen encuentre al Ejecutivo provincial sin capacidad de respuesta. «Desde el punto de vista del Poder Ejecutivo provincial, estamos listos para que la ley se aplique mañana si es necesario», afirmó.
La definición de Jaldo llega ante la inminente entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil a nivel nacional. Tucumán, según la postura del mandatario, ya cuenta con una estructura institucional y edilicia para avanzar con su aplicación.
