La comunicación de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán parece haber encontrado una nueva prioridad: convertir a sus propios funcionarios en protagonistas de contenidos pensados para las redes sociales.
El último ejemplo tiene como figura central a Luciano Chincarini, secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad, quien apareció en un video junto a “El Kakas”, ganador de “Farmear Aura”, una figura que consiguió notoriedad en las plataformas digitales.
No se trata de una simple aparición institucional. Chincarini es el propio protagonista del video, que utiliza la popularidad de “El Kakas” como parte de una producción destinada a mostrar la gestión municipal.
La escena puede resultar atractiva para las redes, pero también deja una pregunta difícil de esquivar: ¿cuánto dinero de los vecinos se destina a producir este tipo de contenidos para promocionar a la Municipalidad y a sus funcionarios?
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Porque detrás de un video publicado en redes existe una estructura. Hay personal, equipos, movilidad, tiempo de trabajadores y recursos públicos. Si todos esos elementos pertenecen al Estado municipal, el contenido deja de ser una cuestión privada de un funcionario y pasa a formar parte de la discusión sobre el uso del presupuesto de los vecinos.
Chincarini, otra vez frente a las cámaras
El secretario de Servicios Públicos ya convirtió su presencia en redes en una herramienta habitual para mostrar acciones de la administración de Rossana Chahla.
La nueva publicación profundiza esa estrategia. Esta vez, Chincarini eligió un formato más cercano al entretenimiento que a la comunicación institucional tradicional. El funcionario aparece frente a cámara junto a una personalidad de internet para darle mayor alcance a un contenido asociado con la Municipalidad.
El interrogante es evidente: ¿la Secretaría de Servicios Públicos necesita realmente este tipo de producciones para informar sobre su trabajo o se trata de una estrategia para instalar la imagen del funcionario y de la gestión?
La discusión cobra mayor relevancia por el estado de numerosos sectores de la capital. Mientras Chincarini busca repercusión con videos protagonizados junto a figuras de las redes, los vecinos reclaman por calles deterioradas, mantenimiento urbano y respuestas para distintos barrios.
La diferencia entre ambas realidades resulta difícil de ignorar.
Por un lado, una Municipalidad que apuesta a videos con personajes populares para conseguir alcance. Por otro, contribuyentes que esperan soluciones concretas sobre problemas cotidianos.
El costo de hacer “show” con recursos públicos
El problema tampoco pasa por la utilización de las redes sociales. Una administración pública tiene derecho a comunicar sus acciones y a utilizar herramientas digitales.
La discusión aparece cuando la comunicación institucional adopta características de promoción personal y utiliza recursos del Estado para construir contenidos destinados a generar impacto político o personal.
Chincarini no es un influencer contratado para una campaña privada. Es el secretario de Servicios Públicos de San Miguel de Tucumán. Su presencia en este tipo de piezas, por lo tanto, tiene una dimensión política e institucional.
La Municipalidad debería poder explicar con claridad quién produjo el video, qué recursos utilizó, quiénes participaron de la producción y cuánto costó.
Los recursos municipales no pertenecen a Chincarini ni a Chahla. Pertenecen a los vecinos que pagan impuestos.
Por eso, la pregunta sobre el costo de estas producciones no resulta menor. Mucho menos cuando existen necesidades concretas en materia de infraestructura y servicios.
Un funcionario que ya quedó bajo la lupa
La exposición de Chincarini en redes también ocurre en un momento incómodo para el funcionario.
El secretario de Servicios Públicos fue incluido en una denuncia penal presentada por la concejala Ana María González contra varios integrantes del gabinete municipal. La presentación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Decisión Temprana del Ministerio Público Fiscal.
La denuncia planteó posibles delitos contra la administración pública y pidió investigar, entre otros puntos, presuntas irregularidades en contrataciones directas para tareas de mantenimiento de espacios verdes.
Según el escrito, esas tareas eran “periódicas y previsibles” y no respondían a situaciones extraordinarias que justificaran el mecanismo excepcional utilizado.
La presentación también señaló expedientes en los que Chincarini aparece como impulsor de trámites vinculados con contrataciones para desmalezamiento, limpieza y mantenimiento de espacios públicos.
Entre los montos cuestionados figuran contrataciones por $165 millones y $188 millones, además de otros convenios incluidos en la denuncia.
Se trata de acusaciones que deberán ser analizadas por la Justicia. No existe una condena contra Chincarini, pero el funcionario sí quedó incorporado a una investigación que generó fuertes cuestionamientos sobre el manejo administrativo del municipio.
La Caja Popular y otra incógnita
A esto se suma otro dato que El Federalista reveló meses atrás: Chincarini también figura como empleado de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.
La situación abrió interrogantes sobre la forma en que compatibilizó ese vínculo laboral con su función como secretario municipal.
La cuestión adquirió especial relevancia después del caso de José César Díaz. La propia Caja Popular anuló su designación tras determinar que cobró dos remuneraciones públicas en forma simultánea durante 31 meses. La resolución ordenó devolver más de $600 millones y abrió un sumario administrativo.
En el caso de Chincarini, la pregunta continúa abierta: ¿pidió licencia en la Caja Popular para asumir su cargo municipal o mantuvo algún tipo de percepción salarial en ambas estructuras?
La respuesta debería surgir de la documentación oficial.
Mientras tanto, el secretario de Servicios Públicos continúa con una intensa exposición en redes.
Y el último video deja una postal difícil de pasar por alto: un funcionario municipal convertido en protagonista de un contenido de entretenimiento, junto al ganador de “Farmear Aura”, para mostrar una gestión que todavía enfrenta reclamos básicos de los vecinos.
El debate, entonces, no pasa por si Chincarini puede aparecer en un video. Pasa por saber quién paga el espectáculo, para qué se utiliza la estructura municipal y si los recursos de los vecinos están destinados a resolver sus problemas o a mejorar la imagen de quienes gobiernan.
