La pelea entre Ricardo Bussi y Tomás Cobos ya no quedó limitada a un cruce de palabras en la Legislatura de Tucumán. El episodio que protagonizaron durante el tratamiento de la designación de Eduardo Cobos como interventor del Ersept ahora derivó en un pedido formal de sanciones contra el legislador oficialista.
Bussi presentó una cuestión de privilegio ante la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales, que preside Carolina Vargas Aignasse. En su presentación sostuvo que Cobos vulneró su inmunidad parlamentaria y que su conducta excedió los límites del debate político.
El referente de Fuerza Republicana sostuvo que el oficialista lo acusó de una conducta delictiva sin aportar pruebas y que, después del intercambio verbal, se levantó de su banca, cruzó el recinto y lo invitó a continuar la discusión fuera de la Legislatura.
El episodio terminó con una de las escenas más tensas de la sesión. Bussi se dirigió al presidente subrogante de la Cámara, Sergio Mansilla, y gritó: “¡Me está amenazando!”. Cobos respondió que el opositor había pedido que le dieran un “chirlo”. Otros legisladores intervinieron para contener la situación y Cobos finalmente abandonó el recinto.
Una pelea que nació por el nombramiento de Eduardo Cobos
El origen del conflicto estuvo en la discusión por el DNU que designó a Eduardo Cobos como interventor del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept).
La Cámara ratificó el decreto con 36 votos a favor, siete en contra y una abstención. La oposición cuestionó el mecanismo utilizado por el Poder Ejecutivo y reclamó una mayor autonomía para los organismos que permanecen bajo intervención.
Bussi centró parte de su exposición en la trayectoria del padre de Tomás Cobos. También cuestionó el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo durante su gestión.
Uno de sus principales argumentos apuntó al crecimiento de la planta permanente del organismo. Según los datos citados por el legislador, la Defensoría pasó de 340 empleados a 486 agentes, es decir, incorporó 146 trabajadores. Bussi vinculó ese incremento con la campaña electoral de Tomás Cobos.
El legislador oficialista respondió con dureza. Primero calificó a Bussi como “dinosaurio político” y recordó que un pedido de juicio político contra su padre terminó archivado.
Después llegó la acusación que abrió otro frente dentro de la Legislatura. Cobos sostuvo que dirigentes de la oposición cuestionaban al oficialismo frente a las cámaras, pero después concurrían a la Presidencia de la Cámara o a Casa de Gobierno para “pedir bolsos”.
Bussi exigió precisiones. Negó haber recibido dinero y reclamó que, si existía una acusación concreta, se indicaran fechas, lugares y responsables. También respondió que los dichos de Cobos merecían “al menos un chirlo” por parte de la Presidencia de la Cámara.
La discusión terminó fuera del debate parlamentario
El intercambio no terminó con los discursos. Después de la votación, Cobos se levantó de su banca y caminó hasta donde estaba Bussi. Las bancas de ambos están separadas por un pasillo.
Según los registros difundidos sobre la sesión, el oficialista le dijo: “Vamos afuera”.
Bussi interpretó el gesto como una amenaza y lo denunció frente a Mansilla. “¡Me está amenazando!”, expresó.
La escena obligó a otros integrantes del oficialismo a intervenir. Varios legisladores se acercaron para contener a Cobos y evitar que el enfrentamiento pasara a una instancia física. La tensión se mantuvo durante algunos minutos y el legislador oficialista terminó por retirarse del recinto.
Bussi ahora quiere una sanción institucional
Con el episodio ya fuera del recinto, Bussi llevó el conflicto al plano institucional.
En su presentación sostuvo que las expresiones de Cobos afectaron la inmunidad de opinión de los legisladores, contemplada por el artículo 62 de la Constitución provincial. También consideró que hubo una falta contra el orden y la dignidad de la Cámara.
El republicano pidió que se apliquen las medidas previstas en los artículos 130 y 132 del Reglamento Interno y que se utilicen las facultades disciplinarias establecidas por el artículo 58 de la Constitución.
Además, solicitó que Cobos no participe del análisis de la propia cuestión de privilegio, ya que integra la comisión que deberá intervenir en el trámite.
Acevedo negó los “bolsos”
Mientras Bussi avanza con su planteo, las referencias a los supuestos “bolsos” abrieron otro interrogante político.
El vicegobernador Miguel Acevedo negó de manera categórica que durante su gestión al frente de la Legislatura se hayan producido entregas o retiros de bolsos.
Acevedo aclaró además que no presidió la sesión del 26 de agosto. Ese rol estuvo a cargo de Sergio Mansilla.
Frente a las consultas, sostuvo: “a mí no me consta. No estuve en ningún momento en la Presidencia. Nadie ha retirado nada de eso; niego enfáticamente que haya alguna posibilidad en mi gestión de eso”.
También marcó distancia de cualquier declaración que pudiera atribuirle una confirmación de esas versiones: “Nadie ha retirado nada de eso y no me haré cargo de dichos que no dije”.
El gobernador Osvaldo Jaldo también evitó tomar posición. Dijo que se encontraba en Buenos Aires cuando ocurrió el episodio y que solo conoció el conflicto a través de los medios.
“Si hay un delito, hay que denunciarlo”
La polémica provocó además una reacción dentro de la propia Cámara.
El vicepresidente segundo de la Legislatura, Alfredo Toscano, reclamó que cualquier acusación sobre posibles delitos tenga un correlato judicial.
“Si algún legislador tiene algo malo para decir debe decirlo, pero también debe ir a la Justicia. No podemos andar diciendo cosas sueltas, sin pruebas. Cuando presumo que hay un delito, hay que denunciarlo y el lugar es la Justicia”, afirmó.
En una posición similar se ubicó el radical Agustín Romano Norri, quien cuestionó las acusaciones sobre los supuestos bolsos y consideró que, ante una sospecha concreta, un fiscal debería intervenir de oficio.
El legislador también advirtió por el daño que este tipo de situaciones provoca sobre la imagen del Poder Legislativo. Según planteó, la Cámara intenta recuperar credibilidad ante la sociedad y episodios de este tipo terminan perjudicando ese objetivo.
“Nos desprestigia al sistema político”
El ex defensor del Pueblo Fernando Juri Debo también cuestionó la escena protagonizada por los legisladores. Consideró que la conducción de la Cámara debería tomar alguna medida.
Juri Debo lamentó especialmente las referencias a “pegar un chirlo” y el enfrentamiento dentro del recinto. También señaló que nunca observó personalmente el retiro de un bolso, aunque consideró grave que un legislador formule una acusación de esa naturaleza.
Desde La Libertad Avanza, el apoderado partidario en Tucumán, Matías Sabaté, calificó el episodio como “gravísimo”. Planteó que, si existe información sobre un posible delito, corresponde formular una denuncia y que la Justicia debería evaluar una investigación de oficio.
De esta manera, una discusión que comenzó durante el debate por la intervención del Ersept terminó por abrir tres frentes políticos simultáneos: el pedido de sanciones de Bussi contra Cobos, las acusaciones cruzadas por los supuestos “bolsos” y la exigencia de que cualquier denuncia sobre posibles delitos llegue a la Justicia.
La Legislatura deberá ahora resolver cómo procesa institucionalmente un conflicto que salió del debate político y terminó en una denuncia de amenazas dentro del propio recinto.
