La disputa por una calle que figura en los registros catastrales como vía pública proyectada llegó a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Vecinos de El Manantial, con el acompañamiento del legislador Manuel Courel, presentaron un amparo colectivo contra las leyes 9.992 y 9.994 y pidieron que se declare su inconstitucionalidad.
El planteo pone bajo la lupa una fracción de aproximadamente 650 metros de largo por 10 metros de ancho, ubicada entre las rutas provinciales 301 y 338 y en forma perpendicular a la avenida Vicente Lucci. La traza atraviesa dos inmuebles de Citrusvil S.A., empresa vinculada al Grupo Lucci, donde existe un proyecto de desarrollo inmobiliario privado.
El conflicto, sin embargo, no comenzó en los tribunales. La discusión se instaló en la Legislatura en mayo, cuando el oficialismo impulsó la desafectación del terreno. El argumento central fue de carácter social: la operación permitiría regularizar la situación dominial de unas 80 familias de Ohuanta y de El Manantial, mediante un acuerdo con Citrusvil para la cesión de tierras.
La cuestión es que, detrás de ese objetivo, aparece otra discusión: qué ocurrirá con la conectividad de una zona que concentra una de las mayores expansiones de barrios privados de Tucumán.
Una calle que no existe, pero que puede hacer falta
Uno de los argumentos de quienes cuestionan la ley es que el hecho de que la calle no funcione hoy como tal no significa que haya perdido su utilidad pública.
El camino dejó de ser transitable hace tiempo. En el lugar existe incluso un canal de desagüe. Pero vecinos del barrio Virgen del Valle afirmaron que durante décadas utilizaron ese paso para trasladarse hacia San Pablo y llegar, entre otros puntos, a la Escuela N° 12 “Provincia de Chaco”. Registros satelitales también muestran que hubo una conexión vial en ese sector.
Para la oposición, allí reside el problema central.
La traza representa la única conexión pública transversal proyectada a lo largo de unos 2,5 kilómetros de barrios privados, entre las rutas 301 y 338. La zona ya concentra unas 280 hectáreas de countries y urbanizaciones cerradas. Courel advirtió durante el debate legislativo que la eliminación definitiva del corredor podría dejar al sector sin una vía pública de norte a sur.
“Va en contra de toda planificación urbana para el área metropolitana”, sostuvo el legislador durante la discusión.
Su advertencia apuntó a un problema que excede el terreno en disputa: si la zona continúa con su actual expansión inmobiliaria, la falta de conexiones transversales puede convertirse en un problema de tránsito difícil de corregir después.
El argumento social que defendió el oficialismo
El proyecto tuvo como principal impulsor al legislador oficialista Mario Leito. Su defensa se apoyó en una cuestión distinta a la discusión urbanística.
Según explicó, la desafectación permitiría avanzar con la regularización de 80 familias: 50 de Ohuanta, en San Pablo, y 30 de El Manantial. Esas personas ocupan desde hace décadas terrenos pertenecientes a Citrusvil y buscan acceder a los títulos de propiedad.
La idea consiste en que Citrusvil ceda tierras como contraprestación. Así, la Provincia podría resolver la situación dominial de esas familias y, al mismo tiempo, habilitar la incorporación de la traza al proyecto inmobiliario.
El gobernador Osvaldo Jaldo respaldó la iniciativa y destacó precisamente ese componente social. También defendió la desafectación como parte de una solución para las familias que podrían enfrentar un conflicto dominial.
Pero hubo una objeción: el convenio con la empresa no quedó incorporado de manera expresa al proyecto original. Esa ausencia fue cuestionada por distintos legisladores, que reclamaron precisiones sobre el mecanismo de compensación y sobre el valor de los terrenos.
Una advertencia que llegó desde el propio Estado
La discusión tomó otro cariz cuando intervino la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior.
El organismo formuló observaciones técnicas al proyecto original. Entre ellas señaló que no resultaba suficiente la explicación sobre la pérdida de utilidad pública de la calle. El planteo fue concreto: antes de retirar un inmueble del dominio público debe existir una justificación que permita establecer que ya no resulta necesario para el tránsito o la conectividad.
El dictamen también planteó dudas sobre la forma en que debía producirse la incorporación del terreno al dominio privado y sobre la modalidad jurídica de una eventual transferencia.
Esos reparos obligaron al oficialismo a corregir el texto. La Legislatura volvió a votar las normas y agregó modificaciones. La oposición cuestionó además que esas correcciones se trataran sin debate, pese a que varios legisladores habían pedido la palabra.
Las nuevas leyes incorporaron una cláusula que condiciona su aplicación a que Citrusvil renuncie de manera definitiva a cualquier juicio, reclamo o derecho sobre los inmuebles involucrados. También establecieron que la desafectación tiene como finalidad exclusiva acciones vinculadas con la regularización dominial y la consolidación de asentamientos de la zona.
El reclamo que ahora deberá resolver la Corte
Ese recorrido legislativo es uno de los elementos que utilizaron los vecinos para fundamentar su presentación judicial.
Marcela Heredia y Enrique González, con patrocinio del abogado Gabriel Sabaté, solicitaron que la Corte declare inconstitucionales las leyes 9.992 y 9.994. También pidieron una medida cautelar para impedir cualquier operación sobre la traza mientras se resuelva el fondo del planteo.
El objetivo es evitar que el terreno sea transferido, escriturado, subdividido, cerrado, ocupado o incorporado a un emprendimiento inmobiliario antes de que exista una decisión judicial.
La discusión jurídica pasa, en buena medida, por determinar si la Provincia acreditó una verdadera pérdida de utilidad pública o si simplemente decidió eliminar la reserva vial para facilitar otro destino del terreno.
Una zona que puede sumar 35.000 habitantes
Los vecinos agregaron un dato que puede resultar determinante para el análisis futuro.
En el área existen proyectos urbanísticos sobre unas 280 hectáreas, con una población potencial que podría alcanzar los 35.000 habitantes. Los propios demandantes aclararon que esa estimación deberá ser precisada con documentación urbanística y pericias dentro del proceso.
El dato modifica la discusión. La pregunta ya no es solamente qué utilidad tiene hoy una calle que permanece cerrada. También aparece otra: qué infraestructura vial necesitará ese sector si la población proyectada se concreta.
La ruta 338, conocida como Solano Vera, y la ruta 301 concentran buena parte de la circulación de la zona. Los vecinos sostienen que ambas vías ya soportan una demanda creciente y que eliminar una alternativa transversal puede agravar el problema.
La advertencia de los especialistas
La discusión también recibió críticas desde el ámbito académico.
Las arquitectas urbanistas Marta Casares y María Paula Llomparte Frenzel cuestionaron la decisión y plantearon reparos sobre sus consecuencias para la planificación metropolitana. Ambas cuentan con trabajos académicos sobre infraestructura, paisaje y organización territorial del área metropolitana tucumana.
Según la presentación judicial, las especialistas consideraron que la eliminación del corredor puede generar nuevas barreras físicas y funcionales y profundizar la fragmentación territorial.
Su mirada coincide con una discusión más amplia sobre Tucumán: el crecimiento de urbanizaciones cerradas sin una planificación metropolitana que garantice conexiones públicas suficientes.
Ese fue también uno de los argumentos que expusieron legisladores como Eduardo Verón Guerra, Alfredo Toscano y Walter Berarducci durante el tratamiento de la ley. Algunos reclamaron una evaluación integral del territorio antes de eliminar la reserva vial.
Una ley con dos caras
La controversia tiene una particularidad que dificulta una lectura simple.
Por un lado, la regularización de las 80 familias constituye el argumento social central del oficialismo. En Ohuanta, además, el sector se encuentra alcanzado por herramientas de protección vinculadas a la Ley Nacional 27.453 y al Registro Nacional de Barrios Populares, según las objeciones planteadas durante el debate.
Por otro lado, la operación permite liberar una traza que atraviesa terrenos de Citrusvil y que forma parte de un área con fuerte desarrollo de barrios privados.
Incluso dentro de la oposición hubo posiciones diferentes. Algunos legisladores rechazaron la iniciativa por su impacto urbanístico. Otros reconocieron el problema social de las familias y expresaron dudas sobre la forma elegida para resolverlo. Alfredo Toscano, por ejemplo, cuestionó si la compensación privada tenía un valor equivalente al terreno público desafectado.
Ahora el debate cambió de escenario.
La Corte Suprema de Justicia de Tucumán deberá determinar si la Provincia podía retirar esa reserva vial del dominio público y si las razones invocadas alcanzaron para demostrar que la traza dejó de cumplir una función de interés general.
El fallo tendrá un alcance que puede exceder el caso de El Manantial. La resolución pondrá bajo análisis qué límites existen para modificar reservas viales públicas en zonas donde el crecimiento inmobiliario avanza con mayor rapidez que la infraestructura.
Y, sobre todo, deberá definir si una calle que hoy no se utiliza puede considerarse inútil para el interés público o si su verdadero valor debe medirse por la función que podría cumplir en el futuro.
