Los herederos de Mendo Masmud presentaron una denuncia ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana para requerir la investigación penal de un incendio ocurrido el pasado 24 de julio en un galpón ubicado en la calle Mendoza al 2.700, en La Rinconada, Yerba Buena. El siniestro, que demandó la intervención de tres dotaciones de bomberos para controlar las llamas y evitar daños mayores en líneas de alta tensión cercanas, provocó la destrucción total de una camioneta y severos daños materiales. La presentación judicial vincula de forma directa el origen del fuego con presuntas amenazas vertidas previamente en el marco de un pleito familiar y dominial por la titularidad del predio.
De acuerdo con el planteo impulsado por el abogado representante de la familia, Santiago Martínez López Pondal, el litigio por el inmueble cuenta con sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán dictada en abril de 2026, la cual ratificó la nulidad e inexistencia de un poder notarial de 1989 y las posteriores escrituras de venta y donación a favor de Alejandro Ramón Masmud. Pese al fallo definitivo que reconoció la propiedad a los hijos del titular original, los denunciantes solicitaron que la Fiscalía investigue a Masmud por la supuesta comisión de los delitos de estafa, desobediencia a una medida cautelar de no innovar e incendio dolo, alegando que el imputado habría cobrado alquileres indebidos a un tercero que ocupaba el galpón como depósito y amenazado con incinerar los bienes antes de la concreción del hecho.
Seguridad jurídica, litigios dominiales y persecución de delitos patrimoniales
La causa iniciada en el fuero penal de la Capital pone de manifiesto las complejas derivaciones de los conflictos inmobiliarios prolongados en el tiempo y la importancia del cumplimiento estricto de las sentencias firmes dictadas por la Corte provincial. La instrucción judicial abierta en la Fiscalía de Decisión Temprana deberá determinar mediante peritajes técnicos de Bomberos y la Policía la intencionalidad del incendio, deslindar las responsabilidades penales correspondientes y garantizar la efectiva restitución del inmueble a sus legítimos propietarios frente a maniobras de desobediencia judicial.
