Un incendio ocurrido el 24 de julio en un predio de Mendoza al 2.700, en La Rinconada, Yerba Buena, abrió un nuevo capítulo en una disputa familiar que lleva más de una década en los tribunales. Los herederos de Mendo Masmud denunciaron ante la Justicia que el fuego pudo ser provocado de manera deliberada y solicitaron que se investigue la posible responsabilidad de Alejandro Ramón Masmud, integrante del grupo familiar que durante años sostuvo derechos sobre el inmueble.
El siniestro afectó un galpón utilizado como depósito de cables de fibra óptica y otros materiales. También destruyó una camioneta. Tres dotaciones de bomberos llegaron al lugar para controlar las llamas, con una dificultad adicional por la presencia de cables y líneas de alta tensión en las inmediaciones.
La denuncia quedó radicada ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana. Los herederos solicitaron que se incorporen al expediente los informes y actuaciones de Bomberos y de la Policía. También pidieron que declare Cristian Villarreal, quien ocupaba una parte del predio como depósito.
Para los denunciantes, el incendio no puede analizarse de manera aislada. La presentación judicial lo vinculó con una amenaza que habría recibido Villarreal poco antes del siniestro.
Un campo que quedó atrapado en una batalla familiar
La historia comenzó mucho antes del incendio. Mendo Masmud murió el 22 de enero de 1976 y dejó el campo de La Rinconada como herencia para sus seis hijos.
Décadas después, los sucesores descubrieron la existencia de un supuesto poder notarial que habría sido firmado por Mendo en 1989, cuando ya habían pasado 13 años desde su muerte.
El documento habría designado como apoderado a su hermano, Reyes Masmud. Con ese instrumento, Reyes se presentó en una escribanía en julio de 2003 y formalizó la venta del inmueble a su propio nombre.
Cuatro años más tarde, en 2007, realizó una oferta de donación del campo a favor de su hijo, Alejandro Ramón Masmud.
Los herederos cuestionaron la autenticidad de esa documentación y en diciembre de 2013 iniciaron una demanda judicial ante el Juzgado Civil y Comercial de la III Nominación.
El expediente atravesó tres instancias. En septiembre de 2024, la Justicia de primera instancia declaró la nulidad y la inexistencia de los instrumentos cuestionados y ordenó cancelar las inscripciones registrales derivadas de esos documentos.
La resolución fue confirmada en abril de 2025 por la Sala II de la Cámara Civil y Comercial.
El último capítulo llegó en abril de 2026, cuando la Corte Suprema de Justicia de Tucumán rechazó el recurso de casación presentado por Reyes Masmud y su hijo y dejó firme la nulidad de la documentación.
El abogado de los herederos, Santiago Martínez López Pondal, resumió el resultado del proceso con una frase que también quedó incorporada a las publicaciones sobre el caso: “En doce años hubo tres instancias y un resultado unánime: los herederos de Mendo Masmud son los legítimos dueños y los instrumentos usados para robarles el campo eran falsos”.
Una cautelar que, según la denuncia, fue incumplida
El conflicto judicial tuvo además una medida cautelar que, según la presentación de los herederos, resulta clave para entender los hechos posteriores.
En febrero de 2014, el Juzgado Civil y Comercial de la III Nominación ordenó una medida de no innovar sobre el inmueble. Alejandro Masmud debía abstenerse de modificar la situación de hecho y de derecho del campo.
Los denunciantes sostienen que esa orden fue incumplida en distintas oportunidades.
Una de las situaciones señaladas ocurrió en 2015, cuando Masmud se habría presentado ante un escribano para formalizar la aceptación de la donación del inmueble y avanzar con su inscripción registral, pese a la vigencia de la medida cautelar.
El alquiler del predio y una nueva denuncia por usurpación
Otro punto incorporado a la denuncia corresponde al alquiler de una parte del terreno.
Según los herederos, desde 2021 Alejandro Masmud habría alquilado un sector del inmueble a un tercero para utilizarlo como depósito de cables de fibra óptica y otros materiales.
La acusación sostiene que el alquiler se concretó con documentación que los tribunales ya habían cuestionado y mientras todavía estaba vigente la medida de no innovar.
Los denunciantes pidieron que este episodio también sea investigado como presunta estafa agravada, bajo el argumento de que el inquilino habría pagado por el uso del inmueble a partir de una documentación cuya validez estaba bajo discusión judicial.
El conflicto tuvo incluso una derivación inesperada después del fallo de la Corte.
Una vez que la sentencia quedó firme, los herederos comenzaron a ejercer actos de posesión sobre el campo. En ese contexto, Alejandro Masmud los denunció por una presunta usurpación del inmueble.
La presentación generó un sumario policial y una acción de amparo ante el Juzgado de Paz Letrado de Yerba Buena. Según los denunciantes, en ese trámite volvieron a aparecer los mismos documentos que habían sido declarados nulos e inexistentes por la Justicia.
Los representantes de los herederos solicitaron el archivo de esa denuncia. Su argumento fue que la titularidad del inmueble ya había quedado reconocida mediante una sentencia firme de la Corte Suprema.
La amenaza previa que ahora quedó bajo la lupa
En medio de ese escenario se produjo el episodio que derivó en la nueva denuncia penal.
Según la presentación, Villarreal tomó conocimiento de la resolución de la Corte y manifestó su intención de devolver a los legítimos propietarios el sector que utilizaba como depósito.
A partir de ese momento, los denunciantes sostienen que recibió amenazas de parte de Alejandro Masmud. Una de ellas habría consistido en la advertencia de incendiar sus vehículos y materiales.
Días después, el 24 de julio, el fuego destruyó una camioneta y afectó parte del galpón.
Para la querella, la proximidad temporal entre ambos hechos constituye uno de los elementos que justifican la investigación. Martínez López Pondal sostuvo que “La secuencia —amenaza previa, incendio posterior que destruye exactamente lo amenazado— genera indicios graves y concordantes de autoría dolosa”.
La Justicia deberá determinar si esa hipótesis puede sostenerse con pruebas y si existe una relación concreta entre la amenaza denunciada y el incendio.
Qué pidió la querella
Además de solicitar la incorporación de las actuaciones de Bomberos y de la Policía y la declaración de Villarreal, los representantes de los herederos pidieron que se investigue la posible comisión de estafa agravada, desobediencia judicial e incendio doloso.
También reclamaron el archivo definitivo de la denuncia por usurpación presentada contra los herederos y solicitaron que la Justicia adopte medidas para evitar nuevas intervenciones sobre el inmueble.
Por ahora, el incendio no fue judicialmente calificado como intencional ni existe una condena contra la persona señalada por los denunciantes. La investigación deberá establecer qué ocurrió el 24 de julio y si las amenazas previas tuvieron alguna relación con el fuego.
Así, el siniestro volvió a poner bajo la lupa una disputa familiar que comenzó hace más de una década y que, pese al fallo definitivo de la Corte sobre la propiedad del campo, todavía suma nuevos capítulos en los tribunales.
