El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó el acto de inauguración de las obras de ampliación y puesta en valor del Juzgado de Paz de Letrado de Acheral, en el departamento Monteros. La ceremonia contó con la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva, los vocales del máximo tribunal y ministros del Poder Ejecutivo provincial. La intervención edilicia permitió incrementar la superficie construida del inmueble de 98 a 258 metros cuadrados sobre un predio de 469 metros cuadrados, sumando una nueva Mesa de Entradas, sala de espera, Salón de Usos Múltiples, despachos administrativos, sala de matrimonios con acceso independiente y un patio interno parquizado.
Durante la presentación, el mandatario tucumano resaltó que la iniciativa forma parte de una política pública articulada entre los poderes del Estado para acercar las prestaciones del sistema judicial a las comunas rurales. Por su parte, el titular de la Corte Suprema precisó que la infraestructura renovada acompañará la ampliación de competencias de los juzgados de paz, los cuales atienden actualmente en medidas preventivas de seguridad, violencia intrafamiliar, alimentos y procesos sucesorios, previéndose la incorporación escalonada de trámites de divorcio. La medida busca evitar el traslado de los vecinos de la zona hacia los centros judiciales de Monteros, Concepción o San Miguel de Tucumán.
Descentralización institucional y fortalecimiento de la justicia de cercanía
La remodelación integral del Juzgado de Paz de Acheral refleja la consolidación de un esquema de descentralización administrativa y judicial en el interior de la provincia de Tucumán. En un contexto donde la demanda de servicios jurídicos básicos suele concentrarse en las cabeceras departamentales o en la capital provincial, la adaptación de las oficinas comunales permite responder con mayor celeridad a la conflictividad social y familiar cotidiana. Asimismo, la ampliación de facultades operativas en la justicia de paz apunta a descomprimir la carga de trabajo de los tribunales de primera instancia en los distintos fueros, al tiempo que reduce las barreras económicas y de movilidad para los habitantes de las comunas rurales.
