La Justicia tucumana tomó nuevas medidas para intentar encauzar el conflicto interno que atraviesa la Comunidad Indígena de Amaicha del Valle. La jueza María Gabriela Rodríguez Dusing dispuso que una camioneta comunitaria vuelva a tener un uso alternado entre los sectores enfrentados y ordenó reforzar los controles sobre la Bodega Comunitaria mediante la intervención del Juez de Paz local.
La resolución, firmada el 8 de junio de 2026, respondió a una presentación realizada por César Paul Caillou contra Horacio Emmanuel Díaz por presuntos incumplimientos de las reglas fijadas para la administración provisoria de la Comunidad.
Pero la disputa actual no surgió de manera repentina. Amaicha del Valle cuenta con una historia marcada por conflictos vinculados al territorio, la organización política interna y la definición de sus autoridades tradicionales. Investigaciones históricas señalan que la comunidad mantuvo reclamos territoriales desde fines del período colonial y que esas disputas continuaron durante los siglos XIX y XX.
Durante las primeras décadas del siglo XX, uno de los protagonistas de esa defensa territorial fue el cacique Timoteo Ayala, quien impulsó distintas estrategias para preservar las tierras comunales frente a los cambios políticos y administrativos de la época.
La relación entre la comunidad y el Estado también atravesó distintos momentos de tensión. Estudios sobre Amaicha describieron cómo, desde fines del siglo XIX, la llegada de nuevas instituciones estatales generó disputas y negociaciones con las autoridades comunitarias por el control del espacio local.
La disputa actual por los bienes comunitarios
En el expediente judicial actual, uno de los puntos centrales fue la camioneta Chevrolet S10, dominio AF716HX. El vehículo había sido alcanzado por una orden de secuestro en enero de 2026, aunque esa medida quedó suspendida durante un período para buscar un acuerdo entre las partes.
Ante la falta de avances, el tribunal decidió restablecer un esquema de uso compartido. La camioneta deberá pasar una semana con cada sector, con entrega y devolución todos los lunes a las 9 en el Juzgado de Paz de Amaicha del Valle.
La Justicia intimó a Díaz a entregar el rodado con sus llaves y documentación en un plazo de 48 horas. Si no cumple, el Juez de Paz podrá ordenar el secuestro con intervención de la fuerza pública.
Además, estableció que el vehículo deberá tener una finalidad exclusivamente comunitaria. No podrá utilizarse para cuestiones personales, políticas o proselitistas. Su destino deberá ser la asistencia social, las urgencias y las necesidades de la Comunidad.
Cada responsable deberá completar una Bitácora de Uso, que será revisada semanalmente por el Juez de Paz. Ante incumplimientos graves, el tribunal podrá avanzar con el secuestro definitivo.
La Bodega y el control de la administración
Otro punto relevante del fallo fue la situación de la Bodega Comunitaria, uno de los espacios centrales dentro de la administración económica de la Comunidad.
La jueza resolvió mantener las inspecciones mensuales previstas, aunque agregó un nuevo mecanismo de control. El Juez de Paz deberá acompañar esas visitas y dejar constancia mediante actas para garantizar transparencia en el manejo del espacio.
La medida busca reducir la tensión entre los sectores que mantienen la disputa y evitar nuevos episodios de confrontación.
Una pelea por la representación comunitaria
El conflicto también alcanzó a la Radio Comunitaria. El juzgado reconoció como representantes propuestos por Díaz a Arminda del Carmen Díaz, Rolando Arnaldo Segura y Diego Amadeo Raúl Fuenzalida.
A la vez, ordenó a Caillou designar a sus tres representantes dentro de un plazo de cinco días. Hasta que esa definición ocurra, Díaz continuará con la conducción provisoria del medio.
La pelea por la representación institucional forma parte de una discusión más amplia dentro de la Comunidad: quién tiene legitimidad para ejercer la autoridad tradicional.
En febrero de 2026, dirigentes vinculados a la comunidad denunciaron una crisis interna por la legitimidad de las autoridades y cuestionaron distintos procesos de designación.
Rendición de cuentas y continuidad del proceso judicial
El fallo también ordenó una serie de medidas administrativas. Díaz recibió un plazo de cinco días hábiles para presentar una rendición detallada de ingresos y egresos, además de un inventario actualizado de bienes.
Por otra parte, la Justicia pidió a la empresa INGECO información sobre pagos realizados a la Comunidad o a sus representantes desde el 29 de diciembre de 2025.
El expediente mantiene vigente la medida cautelar dictada a fines de 2025, que estableció reglas temporales para la administración de la Bodega, la camioneta, la Radio Comunitaria y la rendición de cuentas.
La resolución judicial reconoce que la organización comunitaria indígena posee características propias, pero sostiene que las decisiones judiciales deben cumplirse para garantizar una convivencia institucional dentro de la Comunidad.
Amaicha del Valle vuelve así a quedar en el centro de una disputa donde confluyen problemas actuales de administración con una historia más profunda de luchas por territorio, autonomía y autoridad comunitaria.
