El Tribunal Municipal de Faltas de San Miguel de Tucumán se encuentra en el centro de una investigación administrativa interna luego de que se detectara una inconsistencia de $600.000 entre el monto fijado por una condena por alcoholemia positiva y la suma efectivamente abonada por el infractor. La presentación fue elevada por el titular de la Vocalía de la 6° Nominación, Gerardo Poliche Iturbe, ante el presidente del cuerpo, Fabián Lizondo Ruiz, con el propósito de determinar eventuales responsabilidades operativas e irregularidades en la cadena de cobro.
El expediente administrativo se originó tras la sanción impuesta a un automovilista por $1.300.000. No obstante, el letrado patrocinante del imputado compareció ante la sede de avenida Avellaneda para advertir que su representado había desembolsado un total de $1.900.000. De acuerdo con el descargo presentado por la defensa, el excedente en efectivo habría sido entregado en mano a un agente de atención al público que se encontraba en el mostrador del organismo en el momento de la gestión del trámite.
Frente a la disparidad registrada entre los asentamientos del libro de actas del Corralón Municipal y los comprobantes presentados por el particular, Poliche Iturbe requirió la apertura formal de una investigación sumarial. Sin dar por acreditadas las manifestaciones del infractor, el magistrado fundamentó la solicitud en la necesidad de transparente los mecanismos de fiscalización interna, resguardar el patrimonio del tribunal administrativo y deslindar responsabilidades sobre el circuito de recaudación de las multas de tránsito.
