El Poder Ejecutivo provincial y la Legislatura de Tucumán abrieron una mesa de análisis técnico y político para definir el marco regulatorio que abordará el desorden dominial en la villa turística de El Cadillal. La iniciativa surge tras constatarse el bajo nivel de adhesión al régimen de regularización sancionado en gestiones pasadas, un esquema que, sobre un universo estimado de 2.000 inmuebles, registró apenas 130 carpetas en condiciones normativas de acceder a la compra del suelo al Fisco, sobre un total de 1.300 expedientes iniciados.
El diagnóstico oficial impulsado desde la Fiscalía de Estado expuso las debilidades del sistema anterior y la necesidad de diferenciar situaciones habitacionales disímiles. En ese marco, el nuevo proyecto en estudio contempla criterios de exclusión estrictos: quedarán inhabilitados para acceder al dominio fiscal quienes hayan edificado sobre áreas de reserva natural, sectores expuestos a riesgos de seguridad ambiental o hidrológica, o aquellos ocupantes que pretendan convalidar la posesión de predios de gran extensión dedicados al esparcimiento de fin de semana.
Mientras desde los bloques legislativos se evalúan las implicancias normativas para dar forma al nuevo texto de ley, en Casa de Gobierno ratificaron la decisión de consolidar un ordenamiento territorial definitivo en la cuenca turística. La meta del Ejecutivo pasa por dar seguridad jurídica a los residentes permanentes de la villa, sanear los títulos observados y sostener la política de recuperación de activos públicos sobre terrenos fiscales usurpaductos o con concesiones vencidas.
