En el marco de las acciones orientadas a la recuperación de activos públicos y al ordenamiento territorial de los valles y villas veraniegas, el Gobierno de la Provincia obtuvo un fallo judicial sin precedentes. Tras un juicio oral y público que se extendió durante seis jornadas, la Justicia tucumana condenó a dos años de prisión de ejecución condicional a un expolicía federal por la ocupación clandestina de una parcela estatal de 443 metros cuadrados ubicada sobre la Ruta Provincial 347, en el acceso principal a la villa turística de El Cadillal.
El expediente penal tuvo su origen en 2023, cuando inspectores del Ente Tucumán Turismo (ETT) y técnicos de la Dirección General de Catastro constataron el desplazamiento de cierres perimetrales sobre el sector norte del predio donde funciona la Casa Ecológica (padrón N° 518.351). Dicho inmueble formaba parte de un polígono estratégico con convenio de guarda y custodia, otorgado bajo concesión formal a un grupo privado para el desarrollo de un complejo turístico. Ante la anomalía, la Fiscalía de Estado, conducida por Gilda Pedicone de Valls, formalizó la denuncia penal y asumió el rol de querellante a través del equipo jurídico del Fisco y del ETT.
Durante la lectura de la sentencia, el tribunal subrayó que la usurpación constituyó un perjuicio directo al patrimonio provincial, dado que el inmueble objeto de litigio está afectado por ley a un fin público, recreativo y de desarrollo económico. Además de la pena condicional, el magistrado ordenó la restitución inmediata del predio al Estado, el pago de las costas procesales y dictó una restricción de acercamiento absoluta para el condenado. La resolución consolida los lineamientos fijados por la conducción del ETT, a cargo de Domingo Amaya, y del gobernador Osvaldo Jaldo, orientados a brindar seguridad jurídica a las inversiones privadas y resguardar el patrimonio del Estado en zonas de alto impacto turístico.
