El sistema educativo de gestión privada de Tucumán inicia el segundo tramo del ciclo lectivo bajo una severa tensión financiera. La combinación entre un incremento en la morosidad familiar —que ya se sitúa un 15% por encima de los promedios históricos— y la necesidad de ajustar aranceles para hacer frente a la masa salarial docente coloca a los establecimientos en una encrucijada operativa. La situación se agrava por el limitado alcance de los programas de asistencia estatal, como el sistema de vouchers educativos nacionales, calificado como «insignificante» por representantes del sector.
En declaraciones periodísticas, el delegado episcopal de Educación del Arzobispado de Tucumán, Daniel Nacusse, advirtió que la acumulación de deudas por cuotas impagas se profundizó entre los meses de mayo y julio. De acuerdo con el referente eclesiástico, sobre pisos históricos de incumplimiento que oscilaban entre el 20% y el 40%, actualmente existen instituciones parroquiales donde la mitad de la matrícula registra saldos pendientes. Para atenuar el impacto, los colegios desplegaron acuerdos de financiación flexible y facilidades de pago mediante entidades bancarias locales para el personal de la administración pública.
A pesar del riesgo de profundizar el nivel de mora, las entidades educativas confirmaron una actualización arancelaria para el mes de septiembre, la cual se calculará sobre la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los meses de junio, julio y agosto. Asimismo, desde el sector criticaron la carga burocrática y el atraso en los montos del programa de Vouchers Educativos del Gobierno nacional, señalando que la cobertura fijada resulta insuficiente frente al costo real de las cuotas de jornada simple en la provincia.
