El Gobierno de la Provincia ratificó la profundización de las acciones punitivas y administrativas destinadas a neutralizar la toma y comercialización irregular de inmuebles pertenecientes al dominio provincial. Tras conocerse la condena judicial impuesta a un expolicía federal por la usurpación de un predio en la villa balnearia de El Cadillal, el fiscal de Estado adjunto, Raúl Ferrazano, subrayó la vigencia del protocolo de actuación inmediata ordenado por el Poder Ejecutivo para garantizar la restitución de áreas protegidas y terrenos fiscales.
El funcionario institucional enfatizó que la instrucción impartida por el gobernador Osvaldo Jaldo establece un criterio de tolerancia cero frente al avance clandestino sobre los recursos del Fisco. «Avanzamos con todas las herramientas administrativas y legales en contra de aquellas personas que ocupan de manera clandestina el patrimonio que pertenece a la totalidad de los tucumanos», aseveró Ferrazano, quien confirmó que la provincia mantiene abiertas cientos de causas de investigación penal e intervenciones administrativas en zonas turísticas y periurbanas.
En relación con el reciente dictamen de la Justicia penal —que ordenó la devolución inmediata del lote al Estado y fijó la pena condicional para el imputado—, el fiscal adjunto precisó que el fallo sienta una pauta persuasiva clara para los sectores que vulneren los bienes del Fisco. Asimismo, desde la Fiscalía de Estado recordaron la vigencia de una plataforma digital confidencial dentro de su sitio web oficial, diseñada para recepcinar denuncias anónimas sobre ocupaciones ilegales, loteos clandestinos y ofertas irregulares en el mercado inmobiliario informal.
