La Legislatura de Tucumán se apresta a debatir una profunda reforma en su política de seguridad civil y ambiental. Un heterogéneo arco de legisladores, que aglutina tanto a representantes del oficialismo como de la oposición, impulsa la creación del «Sistema Provincial de Alerta Temprana y Gestión Integral del Riesgo». El proyecto de ley, que cuenta con un amplio consenso político, tiene por objeto establecer un marco permanente de prevención científica y monitoreo continuo. De ser sancionada, la nueva norma derogará de forma expresa la Ley N° 9775, un instrumento de similar naturaleza que fue promulgado en mayo de 2024 y que ya es considerado insuficiente por los representantes provinciales para dar respuesta a la creciente complejidad de las amenazas climáticas.
La iniciativa es liderada por el presidente de la Comisión de Obras Públicas, Tulio Caponio, y lleva las firmas de legisladores de diversos bloques, entre los que destacan Alberto Olea, José Cano, Walter Berarducci, Roque Argañaraz, Roberto Moreno, Christian Rodríguez, Francisco Serra, Carlos Gallia y Eduardo Verón Guerra. En sus fundamentos, el proyecto argumenta que la efectividad de los planes de emergencia de jurisdicción nacional depende de manera directa de la capacidad operativa y técnica que posean las provincias y los municipios para traducir la información científica en acciones territoriales concretas y oportunas.
El texto propone una «superación integradora» de la legislación vigente. Mientras que la Ley N° 9775 creó en 2024 el Sistema de Alerta de Emergencias y Catástrofes (SAEC) bajo un enfoque híbrido que combinaba la respuesta ante desastres naturales con protocolos para la búsqueda de menores desaparecidos, la propuesta actual se especializa de manera estricta en la gestión del riesgo ambiental y meteorológico. Los autores del proyecto señalan que el paradigma histórico de la provincia ha estado orientado hacia la asistencia posterior al desastre, un enfoque reactivo que pretenden sustituir por un modelo moderno centrado en la prevención, el monitoreo satelital e hidráulico permanente y la anticipación de escenarios críticos.
Una de las modificaciones estructurales más significativas radica en la autoridad de aplicación del sistema. La normativa de 2024 delegaba esta función en el Ministerio de Seguridad; en cambio, el nuevo proyecto transfiere dicha responsabilidad a la Dirección Provincial de Defensa Civil. Con el propósito de jerarquizar el organismo, se prevé la creación del Departamento de Monitoreo y Alerta Temprana. Esta oficina técnica tendrá a su cargo la vigilancia ininterrumpida de amenazas naturales y de aquellas derivadas de la actividad humana, así como el diseño y actualización de un mapa digital dinámico de riesgo hídrico, climático y de infraestructura crítica.
Con el objetivo de optimizar la comunicación pública y evitar la denominada «fatiga de alerta» —un fenómeno que diluye la respuesta de la población ante avisos meteorológicos reiterados o imprecisos—, la iniciativa introduce un lenguaje visual uniforme basado en una escala de cuatro niveles de riesgo identificados por colores:
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Nivel Verde (Vigilancia): Implica un estado de normalidad y monitoreo preventivo.
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Nivel Amarillo (Atención): Indica la presencia de un riesgo potencial que activa los protocolos de preparación interna de las fuerzas de seguridad y de defensa civil.
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Nivel Naranja (Preparación): Advierte sobre un riesgo alto con probabilidad manifiesta de provocar daños materiales severos y alteraciones en la vida cotidiana.
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Nivel Rojo (Alarma): Declara una situación de emergencia o peligro inminente que activa de manera automática los protocolos estatales de evacuación y rescate.
Este criterio estandarizado contrasta con la simplificación de la Ley N° 9775, la cual clasificaba las alertas únicamente en las categorías generales de desastres naturales y seguridad infantil.
Asimismo, el proyecto introduce herramientas logísticas digitalizadas para la toma de decisiones en momentos de crisis. Establece la creación del Registro Provincial de Recursos Materiales y Logísticos para Emergencias y del Padrón Provincial de Personal de Emergencia y Voluntariado. Ambos instrumentos deberán ser actualizados de forma obligatoria cada seis meses y permitirán a las autoridades conocer en tiempo real la disponibilidad de maquinaria vial pesada, embarcaciones, recursos técnicos y personal civil capacitado en todo el territorio provincial. La norma previa contemplaba la asignación de recursos presupuestarios genéricos, pero carecía de una estructura de inventario y de registros centralizados de esta magnitud.
Los fundamentos del proyecto enfatizan que las características geográficas, demográficas y el perfil productivo de Tucumán exigen un sistema de estas características. Por ser uno de los principales polos agroindustriales del Noroeste Argentino (NOA), la provincia se encuentra expuesta recurrentemente a contingencias climáticas severas, tales como sequías prolongadas, caída de granizo, heladas tardías, olas de calor extremas e inundaciones recurrentes en el sur de su territorio. «La protección frente al riesgo hídrico y los incendios forestales en las zonas de yungas no constituye únicamente una cuestión de preservación ambiental; representa también una necesidad económica, social y de seguridad pública de primer orden para proteger el tejido productivo», argumentan los firmantes del documento legislativo.
Finalmente, para evitar vacíos legales o la interrupción de los servicios de emergencia durante el proceso de transición de una ley a la otra, el proyecto de Caponio incorpora una cláusula transitoria. Esta disposición determina que todos los recursos materiales, bases de datos y convenios interjurisdiccionales vigentes obtenidos bajo el amparo de la Ley N° 9775 serán absorbidos de pleno derecho e integrados al nuevo sistema, garantizando la continuidad jurídica y operativa del área de contingencias de la provincia.
