El legislador provincial Gerónimo Vargas Aignasse defendió hoy en las redes sociales su proyecto de ley que crea una “Medida Cautelar Digital Urgentísima” para permitir la remoción rápida de contenidos difamatorios en internet. La iniciativa, que obtuvo dictamen de mayoría esta semana en la Comisión de Legislación General de la Legislatura de Tucumán, generó fuertes críticas de sectores de la oposición, especialmente de La Libertad Avanza, que la acusan de configurar un mecanismo de censura previa y de amenazar la libertad de expresión.
La polémica se renovó en las últimas horas luego de que Vargas Aignasse publicara un extenso mensaje en su cuenta de X para aclarar los alcances del texto. “Quien diga que nuestro proyecto es para proteger políticos está faltando a la verdad”, sostuvo el legislador, y remarcó que la norma excluye expresamente a funcionarios públicos, legisladores, intendentes, gobernadores y cargos jerárquicos del Estado. Según explicó, la herramienta busca proteger a los ciudadanos comunes frente a calumnias, injurias y campañas de difamación que se viralizan en minutos y pueden destruir reputaciones, familias y la salud mental de las personas.
El proyecto, presentado en febrero de 2026 por Vargas Aignasse con el acompañamiento inicial de los legisladores Sergio Mansilla y Roque Argañaraz, propone incorporar al Código Procesal Penal de Tucumán un procedimiento “hipersumarísimo” que habilita a un juez penal a ordenar, en un plazo máximo de seis horas y sin audiencia previa a la parte afectada (inaudita parte), la eliminación, el bloqueo o la desindexación de contenidos publicados en redes sociales, portales digitales y medios de comunicación online cuando se configure una calumnia o injuria manifiesta. El magistrado también podrá prohibir la nueva difusión del material cuestionado.
El texto establece requisitos estrictos: la medida solo procede ante casos “manifiestos, inequívocos y acreditados” con prueba documental directa. Incorpora un “candado normativo” que obliga al juez a rechazar el pedido ante la menor duda de que el contenido constituya opinión, crítica o información de interés público. “La opinión está absolutamente protegida”, indica el proyecto. En su versión actualizada, exceptúa del procedimiento a los funcionarios públicos elegidos por voto popular y a los directores estatales.
Vargas Aignasse argumentó que la expansión de las redes sociales generó un fenómeno “jurídicamente disruptivo” que desbordó los tiempos de la justicia tradicional. Cuando intervienen las vías cautelares ordinarias, sostuvo, el perjuicio ya se multiplicó “exponencialmente” y una tutela tardía resulta ineficaz frente al daño digital, que calificó como “explosivo”. La iniciativa, según su autor, no busca censurar sino poner un límite a la “impunidad digital” y a la “mentira deliberada y al hostigamiento digital”, sin afectar la crítica legítima ni el periodismo.
Los críticos, en cambio, advierten que el mecanismo convierte a los jueces en órganos de control de contenidos y representa un retroceso para el debate democrático. Dirigentes de La Libertad Avanza, entre ellos el diputado nacional Gerardo Huesen, lo compararon con esquemas de censura estatales y lo calificaron como un intento de “amordazar” voces críticas. La conducción provincial de ese espacio repudió la iniciativa, declaró “estado de alerta institucional” y solicitó su freno. Sostienen que ya existen vías penales ordinarias para sancionar calumnias e injurias y que la norma podría utilizarse contra periodistas, comunicadores, influencers y ciudadanos que denuncien irregularidades del poder. Aunque un diputado libertario, José Macome, acompañó el dictamen de mayoría en comisión, el rechazo de la dirigencia de La Libertad Avanza evidenció divisiones internas.
El dictamen favorable, alcanzado con el apoyo de cuatro legisladores del oficialismo y el mencionado representante libertario, allana el camino para el tratamiento del proyecto en el recinto en los próximos días. La iniciativa mantiene su carácter de acción autónoma cautelar, distinta de una querella penal por calumnias e injurias, y su objetivo declarado es brindar una tutela judicial efectiva y veloz ante daños que, según sus impulsores, la justicia tradicional ya no puede contener a tiempo.
En su publicación de hoy, Vargas Aignasse reiteró los resguardos del texto y convocó al debate informado: “Antes de repetir consignas, lean el proyecto. Luego debatimos”. La controversia refleja la tensión entre la necesidad de proteger a los particulares de agresiones digitales masivas y las inquietudes sobre los límites que cualquier mecanismo de remoción rápida de contenidos puede imponer a la libertad de expresión en un contexto de fuerte polarización política en Tucumán.
