En un precedente histórico para la provincia, la Justicia de Tucumán formuló cargos por primera vez bajo el Régimen Penal Tributario en una causa relacionada con evasión de Ingresos Brutos. La imputada es una contribuyente dedicada al procesamiento de carne bovina —mataderos y frigoríficos—, contra quien se inició una investigación por evasión tributaria simple.
La decisión, adoptada el 10 de junio de 2026, representa un punto de inflexión en la persecución penal de delitos fiscales en el ámbito provincial, tras años de intentos para aplicar sin éxito esta herramienta legal.
El proceso fue impulsado por el Ministerio Público Fiscal a través de la Fiscalía de Delitos Complejos del Centro Judicial Capital, con la activa colaboración de la Dirección General de Rentas (DGR). El sistema acusatorio vigente en Tucumán establece que la denuncia radica en actos administrativos que detectaron la omisión deliberada de ingreso al fisco de sumas correspondientes al impuesto provincial.
La investigación identificó maniobras engañosas, entre ellas la falta sistemática de presentación de declaraciones juradas requeridas por la legislación tributaria.
La imputación encuadra en el delito grave de evasión tributaria simple, tipificado en el artículo 1º del Régimen Penal Tributario, que sanciona con penas privativas de libertad a quienes, mediante engaños o fraudes, causan un perjuicio económico al Estado al no declarar o ingresar debidamente los tributos provinciales.
Desde las autoridades fiscales aclararon que el régimen no tiene por objetivo incrementar la recaudación, sino sancionar a quienes incumplen las obligaciones tributarias, amparando y favoreciendo a los contribuyentes cumplidores mediante un sistema de justicia más equitativo.
El caso, además de su trascendencia jurídica, marca un hito institucional para Tigumán, considerada la primera formulación de cargos bajo este régimen en la provincia y estableciendo un antecedente para futuras causas relacionadas con evasiones sistemáticas.
La formulación de cargos supone una etapa inicial en el proceso penal donde se establece la calificación provisoría del hecho y el grado de responsabilidad que se atribuye a la imputada, para luego continuar hacia las siguientes instancias judiciales donde se decidirá el curso definitivo de la acusación.
