La investigación por una presunta estafa millonaria en la compra y venta de vehículos llevada a cabo en la concesionaria DG Cars, ubicada en Yerba Buena, continúa con firmeza. La Justicia tucumana rechazó recientemente el pedido de la defensa para morigerar la detención de dos de los tres imputados y confirmó que ya son más de 20 las víctimas formales que se presentaron en la causa.
Los principales acusados son Matías José Díaz Vier (40 años), su pareja Anabel García (37) y Javier Goitea. Según el fiscal Fernando Blanno, los imputados montaron un esquema delictivo sofisticado bajo la fachada de DG Cars, simulando operaciones legítimas para captar vehículos y dinero.
El modus operandi comprende diversas maniobras: entrega de adelantos menores para generar confianza, simulación de créditos prendarios inexistentes, uso de testaferros, emisión de comprobantes apócrifos y transferencia irregular de vehículos sin la autorización de los dueños legítimos. En la mayoría de los casos, las víctimas no sólo perdieron el dinero invertido sino que también quedaron sin sus bienes o con deudas derivadas del fraude.
Actualmente, los acusados están detenidos preventivamente, aunque Anabel García cumple arresto domiciliario por tener hijos menores a su cargo.
La defensa, representada por Candela Álamo, solicitó revisar las medidas basándose en la falta de pruebas concretas sobre la participación directa de sus defendidos en todos los hechos. Sin embargo, la auxiliar fiscal Daniela Briz Tomás y los querellantes se opusieron firmemente, argumentando que aún restan pruebas para incorporar y que los imputados podrían entorpecer la investigación. El juez Facundo Maggio rechazó el pedido.
La dimensión del daño económico crece: Juan Guerrero, querellante, informó que desde que el caso se hizo público se sumaron al menos 12 denuncias más, con un perjuicio acumulado que supera los 200 millones de pesos. Por su parte, Fabrizio Caruso, abogado de otra víctima, explicó la complejidad del escenario: “Hace meses se formalizaron una docena de causas y desde entonces aparecieron 10 denunciantes nuevos. Algunos reclaman la devolución de dinero y otros, la restitución de vehículos. El daño patrimonial se agrava con el tiempo y es cada vez más difícil que puedan ser compensados”.
La defensa aclaró que esas nuevas denuncias aún no fueron formalizadas y resaltó su interés en abrir canales de diálogo y propuestas económicas para resolver el conflicto.
Uno de los aspectos más llamativos del proceso surgió a partir de un testimonio que denunció presuntas maniobras de ocultamiento, en particular la quema de documentación y enterramiento de bolsas con dinero en el domicilio de Díaz Vier y García. La Fiscalía ordenó un operativo de excavación que hasta ahora no arrojó resultados.
“No hay ningún elemento que respalde esas afirmaciones”, afirmó de manera categórica la abogada Álamo, rechazando que se propaguen rumores sin sustento probatorio que dañen la imagen de sus clientes.
