El Senado de la Nación dio media sanción, por unanimidad, al proyecto de ley que prevé la división en salas de la Cámara Federal de Apelaciones con sede en Tucumán, con el objetivo de agilizar el trámite de las causas federales en la región. La iniciativa, que unifica propuestas de senadoras tucumanas, busca responder a la saturación de un tribunal que atiende no solo la provincia sino también Catamarca y Santiago del Estero.
La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, creada en 1937 y modificada en 1990 para pasar de tres a cinco miembros, funciona actualmente como un órgano colegiado único. Ante el aumento significativo de expedientes —en particular aquellos vinculados al narcotráfico, trata de personas, corrupción pública, aduanas, cuestiones electorales y ciberdelitos—, la reforma propone una estructura que permita un tratamiento más eficiente de las apelaciones provenientes de los juzgados federales de primera instancia.
Según los términos del proyecto aprobado en la sesión del 4 de junio de 2026, la Cámara se organizará en dos salas, cada una integrada por dos jueces. Se prevé la creación de un sexto cargo de juez de Cámara, cuya implementación quedará sujeta a la disponibilidad de crédito presupuestario. Hasta tanto se designe y tome posesión ese magistrado adicional, cada sala funcionará con dos integrantes y la presidencia común de un juez de Cámara, quien intervendrá indistintamente en cualquiera de ellas en caso de discrepancias para alcanzar la mayoría necesaria en las decisiones jurisdiccionales.
Las salas tendrán idéntica competencia material, territorial y funcional a la que posee actualmente la Cámara en su conjunto. Esto significa que continuarán resolviendo las apelaciones en materia penal federal, contencioso-administrativa y demás asuntos de orden federal que correspondan a la jurisdicción. El texto establece además que, dentro de los 90 días siguientes a la sanción definitiva de la ley, el tribunal deberá dictar su propio reglamento de funcionamiento interno, incluyendo las normas de subrogancias para casos de licencias, vacancias, recusaciones o excusaciones de sus miembros.
La senadora Beatriz Ávila (Bloque Independencia), una de las principales impulsoras junto a Sandra Mendoza, destacó que la medida representa “respuestas a los ciudadanos que necesitan de una Justicia ágil y con respuestas rápidas”. La legisladora subrayó la relevancia del tribunal para causas complejas que impactan en la calidad de vida de la población del NOA y valoró el consenso alcanzado en el Senado. Por su parte, Mendoza recordó que viene impulsando la iniciativa desde 2022 y enfatizó la necesidad de superar el esquema vigente, que resulta insuficiente para la actual demanda.
De sancionarse definitivamente la norma y completarse la integración, la Cámara pasaría a operar de manera descentralizada en salas, lo que permitiría paralelizar el estudio y resolución de expedientes, reducir tiempos de espera y mejorar la calidad del servicio de justicia federal en una región donde el narcotráfico y los delitos complejos representan una carga particularmente gravosa. El gasto que demande la implementación se imputará al presupuesto general del Poder Judicial de la Nación.
El proyecto, que ya cuenta con media sanción, deberá ahora ser tratado por la Cámara de Diputados para su eventual conversión en ley. Su avance refleja un esfuerzo bipartidista por fortalecer las instituciones judiciales y garantizar un acceso más efectivo a la justicia en el norte del país.
La saturación judicial en el NOA
La justicia federal en el Noroeste Argentino (NOA) enfrenta una saturación crónica que compromete la efectividad del servicio de justicia, particularmente en el ámbito penal y contencioso-administrativo. La Cámara Federal de Apelaciones con sede en Tucumán, que ejerce superintendencia sobre los juzgados federales de primera instancia de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, constituye un ejemplo paradigmático de esta problemática.
El aumento sostenido del volumen de causas, impulsado principalmente por delitos complejos como narcotráfico, trata de personas, corrupción pública, aduanas, cuestiones electorales y ciberdelitos, ha superado la capacidad operativa del tribunal.
En el NOA, el narcotráfico representa una carga particularmente gravosa. Tucumán se ha consolidado como una plaza relevante en el mapa del crimen organizado, con operativos frecuentes que involucran decomisos de marihuana y cocaína procedentes de la frontera norte, y causas que requieren investigaciones prolongadas y recursos especializados. La Cámara Federal debe revisar apelaciones en un contexto donde los juzgados de primera instancia también acusan vacantes y demoras, lo que se traduce en un cuello de botella estructural. Aunque las estadísticas detalladas del Poder Judicial de la Nación muestran un incremento general en la litigiosidad federal —con miles de expedientes anuales en las Cámaras Federales a nivel nacional—, en la región la combinación de geografía fronteriza, vulnerabilidades socioeconómicas y multiplicidad de fueros agrava la situación.
Esta saturación no solo afecta la celeridad de los procesos, sino también la calidad de las resoluciones y el acceso efectivo a la justicia de los ciudadanos. Causas de alto impacto social, vinculadas a la seguridad pública y la integridad institucional, quedan pendientes durante períodos extendidos, generando frustración en la población y un debilitamiento de la confianza en las instituciones. El proyecto de ley aprobado en el Senado reconoce esta realidad al prever la creación de un sexto cargo de juez —sujeto a disponibilidad presupuestaria— y la elaboración de un reglamento interno de funcionamiento en un plazo de 90 días tras su eventual sanción definitiva.
Expertos y magistrados de la región han coincidido en que la falta de desdoblamiento en salas impide paralelizar el estudio de expedientes, lo que resulta en demoras acumulativas. La reforma bipartidista avanza en la dirección correcta, pero representa solo un primer paso. La saturación judicial en el NOA exige un abordaje integral: cobertura plena de vacantes en juzgados de primera instancia, fortalecimiento de fiscalías y defensas federales, inversión en tecnología para la gestión de causas y, eventualmente, la creación de nuevos tribunales para aliviar la jurisdicción compartida entre tres provincias.
De sancionarse el proyecto y completarse su implementación, la Cámara Federal de Tucumán podría operar de manera más eficiente, reduciendo tiempos de espera y mejorando la respuesta a los desafíos del crimen organizado y otros delitos federales. Sin embargo, el verdadero impacto dependerá de la ejecución presupuestaria y de reformas complementarias que aborden la raíz del problema en toda la región. Fortalecer la justicia federal en el NOA no es solo una cuestión técnica: es un imperativo para garantizar el Estado de Derecho en una zona estratégica del país.
