Durante más de dos décadas, Ángel Eduardo Páez Chahla sostuvo un reclamo judicial persistente para que se reconociera su identidad como hijo biológico de Elías Chahla. En abril de 2025, una sentencia del Juzgado Civil en Familia y Sucesiones III, a cargo del juez Carlos Torino, le otorgó ese reconocimiento y lo declaró heredero forzoso del causante, fallecido en octubre de 2010.
El fallo puso fin a un proceso iniciado en 1999. Según antecedentes del expediente, la filiación se estableció con un alto grado de certeza científica tras una exhumación del cuerpo de Elías Chahla en 2022 y el correspondiente análisis de ADN postmortem. La sentencia también dispuso una indemnización por daños morales. Páez Chahla, criado por sus abuelos en el seno de una familia de trabajadores rurales de la zona de Leales, se enteró tardíamente de su origen. “Yo era ‘el hijo del Turco’, me decían en la escuela. Recién de grande entendí que mis ‘padres’ eran mis abuelos, y que mi hermana era en realidad mi mamá”, relató en instancias públicas del proceso.
Su madre, María Trinidad, había quedado embarazada a los 18 años tras una relación con Elías Chahla, quien en ese entonces estaba comprometido con Amelia Eugenia Testa, futura madre de Rossana Elena Chahla —actual intendenta de San Miguel de Tucumán— y de María Emilia Chahla. La familia Páez optó por ocultar el embarazo y criar al niño sin reclamar nada al empresario. De ese modo, Ángel Eduardo Páez Chahla es el hermano no reconocido de las dos mujeres que hoy figuran entre las coherederas declaradas en el sucesorio de Elías Chahla.
Mientras tanto, Páez Chahla había sostenido una existencia humilde. Propietario de una panadería que cerró en 2020, percibe actualmente ingresos limitados y trabaja junto a uno de sus hijos. El reconocimiento judicial de 2025 abrió, sin embargo, un nuevo frente. El patrimonio del causante se estima en torno a los 40 millones de dólares, aunque allegados al caso advirtieron que buena parte de los activos ya habrían sido transferidos o colocados a nombre de terceros.
Ahora, Páez Chahla —con el patrocinio letrado del Dr. Patricio Char— presentó una extensa denuncia penal contra la intendenta (Rossana Chahla), María Emilia Chahla y Amelia Eugenia Testa por presuntas maniobras defraudatorias orientadas a vaciar, ocultar y desapoderar el acervo hereditario del causante. La presentación solicita la apertura de una investigación penal preparatoria por los delitos de defraudación, estafa y administración fraudulenta.
Según la denuncia, las operaciones se habrían desplegado con pleno conocimiento de la existencia de procesos filiatorios y mientras se encontraba pendiente su reconocimiento como hijo extramatrimonial y heredero legítimo.
El núcleo de las irregularidades alegadas es la constitución, el 20 de junio de 2010, del Fideicomiso de Administración Maipú. A través de esa estructura fiduciaria se habrían transferido prácticamente la totalidad de los inmuebles del causante. Los bienes fideicomitidos incluyen los siguientes: una importante casa en calle Marcos Paz 669/71; dos inmuebles en Santa Rosa de Leales; calle Maipú N° 632 ; calle Laprida N° 155; calle Maipú N° 630; calle Monteagudo N° 382; calle Rivadavia N° 420; calle Córdoba N° 750; calle Ayacucho N° 715/725; y el inmueble de Avenida Sáenz Peña N° 57.
La denuncia sostiene que el fideicomiso no operó como una estructura independiente o neutral, sino como una herramienta controlada materialmente por las denunciadas y su entorno familiar directo. Los fiduciarios designados habrían sido Marta Ida Testa —familiar de Amelia Eugenia Testa— y el contador Cristian Pacheco, mientras que los beneficiarios finales eran los hijos de María Emilia Chahla. Los bienes habrían registrado posteriores movimientos de entrada y salida del fideicomiso, siendo desafectados cuando las denunciadas decidían disponer de ellos.
Tras el fallecimiento de Elías Chahla en octubre de 2010, en el sucesorio caratulado “Chahla Elías s/ Sucesión” (expediente 2791/11) solo se denunciaron tres inmuebles como integrantes del acervo hereditario: el de Marcos Paz 669/71 y los dos de Santa Rosa de Leales. El resto del patrimonio transferido al fideicomiso habría sido deliberadamente ocultado mientras continuaba pendiente el reconocimiento filial del denunciante.
Un capítulo central de la presentación se refiere al inmueble de calle Marcos Paz 669/71, históricamente vinculado a la familia paterna. Su posesión fue ejercida durante décadas por Fernando Chahla y, posteriormente, por Yamil Daniel Chahla, extremo reconocido en actuaciones civiles previas. Según la denuncia, en 2014 Amelia Eugenia Testa promovió un proceso de amparo a la simple tenencia basado en denuncias policiales que el presentante califica de falsas y en hechos que no habrían ocurrido, con el fin de despojar ilegítimamente a Yamil Chahla de la posesión histórica del bien.
A partir de entonces se habría desplegado una maniobra judicial y patrimonial destinada a extraer el inmueble del alcance de los derechos hereditarios del denunciante. El bien habría sido vendido sucesivamente: el 6 de julio de 2021 a Víctor Daniel Montanaro por 9.500.000 pesos y el 17 de agosto de 2023 a María Aurora Blanco por 20.000.000 pesos. Ambas operaciones se habrían realizado por valores ostensiblemente inferiores al valor real de mercado, estimado en torno a los 700.000 dólares estadounidenses.
La denuncia destaca una contradicción objetiva: mientras se informaban judicialmente esas ventas por montos reducidos, el abogado patrocinante de las denunciadas, Dr. Sebastián Herrero, efectuó valuaciones sustancialmente superiores al solicitar la regulación de sus honorarios profesionales. Esa circunstancia, sostiene el presentante, demuestra que las denunciadas conocían el verdadero valor económico del bien.
Pese a las supuestas ventas, el inmueble continuaría siendo explotado económicamente como estacionamiento vehicular abierto al público. La administración y explotación de esa actividad comercial estaría a cargo de Julio Azalot, persona ya mencionada por sus vínculos directos con operaciones inmobiliarias relacionadas con el patrimonio investigado y con profesionales intervinientes en las transferencias cuestionadas. Esta circunstancia refuerza, según la denuncia, la hipótesis de que las operaciones no habrían implicado un verdadero desprendimiento patrimonial ni pérdida de control económico.
La presentación menciona también la venta del inmueble de Avenida Sáenz Peña N° 57, desafectado del fideicomiso y transferido por María Emilia Chahla a favor de Juan Cintas o Cintas Muños, de nacionalidad boliviana. El denunciante considera que esa persona no tendría ingresos compatibles con la capacidad económica real para adquirir el bien, lo que permite sospechar fundadamente una operación simulada o instrumentada para aparentar un desprendimiento patrimonial inexistente.
Respecto de los terrenos ubicados en Santa Rosa de Leales, se indica que fueron vendidos mediante boletos de compraventa pese a encontrarse afectados por anotaciones de litis y medidas cautelares judiciales vigentes. El presentante alega que todas estas operaciones se instrumentaron con el propósito de frustrar su participación en la herencia una vez que fuera reconocido judicialmente como hijo y heredero.
En un anexo a la denuncia, Páez Chahla da cuenta de reuniones mantenidas durante noviembre y diciembre de 2025 con la escribana Marta Inés Villafañe de Fuentes, titular del Registro N° 17 del Colegio de Escribanos de Tucumán, quien lo habría citado por instrucciones de la intendenta Chahla para entablar negociaciones sobre distintos procesos judiciales. Según el relato, la profesional intentó inducirlo por distintos medios a otorgar un acta notarial en la que reconociera que dos cesiones de acciones y derechos hereditarios realizadas en 2014 a favor de Roberto Chahla habían sido otorgadas bajo engaños y presiones. El denunciante afirma que se negó rotundamente y que, el 13 de mayo de 2026, suscribió un acta de manifestación y reafirmación en la que ratifica que dichas cesiones fueron realizadas en uso de su plena libertad y voluntad.
¿Un escándalo institucional?
En el plano jurídico, la denuncia encuadra los hechos en las figuras de estafa, administración fraudulenta y fraude en perjuicio de coherederos. Solicita se disponga la apertura de la investigación penal preparatoria y se ordenen extensas medidas de prueba, entre ellas: informe histórico completo de dominio al Registro Inmobiliario de la Provincia de Tucumán respecto de todos los inmuebles individualizados desde 1999 hasta la actualidad; copia certificada de todas las escrituras, boletos, certificaciones y actuaciones notariales vinculadas al Fideicomiso de Administración Maipú y a las transferencias cuestionadas, a requerir de la Escribanía Tula y de la Dra. Fuentes; remisión íntegra del expediente sucesorio 2791/11 y de los expedientes filiatorios 3420/99 y 2732/08; citación testimonial de Julio Azalot, Fernando Chahla, Roberto Chahla, Yamil Daniel Chahla y Daniel Chahla; tasación judicial del inmueble de calle Marcos Paz 669/71; informe a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán sobre la habilitación, explotación y titularidad comercial del estacionamiento actualmente existente en ese inmueble; oficios a entidades bancarias, organismos tributarios y registros pertinentes para determinar la capacidad económica de los supuestos adquirentes, la existencia real de pago, la trazabilidad de los fondos y el eventual retorno del dinero al círculo familiar de las denunciadas; y la supervisión del Fiscal Regional que por jurisdicción corresponda, en atención a la complejidad económica y patrimonial de los hechos, la posible existencia de estructuras fiduciarias utilizadas como mecanismos de desapoderamiento, la necesidad de preservar prueba documental, registral, bancaria y digital, y la trascendencia institucional derivada de que parte de las personas denunciadas habrían ejercido o ejercen funciones públicas de alta relevancia en la Provincia de Tucumán y en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
La presentación concluye solicitando que se investigue la autenticidad material de las operaciones, el flujo económico derivado de ellas, la eventual existencia de testaferros o terceros interpuestos y el rol concreto desempeñado por cada una de las personas denunciadas, a fin de determinar las eventuales responsabilidades penales y impulsar la acción conforme a derecho.
De esta forma, la telenovela que tiene como protagonista a la mayor autoridad de la Ciudad de San Miguel de Tucumán, otrora candidata a gobernadora en 2027 con el diputado nacional Carlos Cisneros como padrino, suma un nuevo capítulo que no hace más que destruir la poca credibilidad de la dirigencia política local.
