La millonaria disputa judicial que involucra al emblemático emprendimiento cervecero Porter Brewery, una de las empresas más reconocidas de Tucumán, alcanzó un nuevo capítulo que intensifica la confrontación. A la causa penal por presunta estafa, que desde hace meses enfrentaba a empresarios vinculados a la cerveza artesanal y la gastronomía, se sumó ahora una ofensiva institucional contra integrantes del Ministerio Público Fiscal, acusados por la querella de negligencia y de favorecer un cierre prematuro de la investigación.
El planteo fue presentado el 1 de junio ante la Comisión Permanente de Juicio Político de la Legislatura provincial por la abogada María Fabiana Acosta Cisneros, representante legal de Damián Luis Battaglia. Este último mantiene desde 2024 denuncias contra Matías Gorban, Pablo Ariel Temkin, Mariano Elías Meik y Tomás Lichtmajer, acusándolos de haberlo marginado ilegalmente de diversos emprendimientos relacionados con Porter Brewery, Tucumán Brewing Company (TBC), Almazen y Lupoldo SAS.
La presentación reclama la apertura de un Jurado de Enjuiciamiento y la destitución de varios fiscales y funcionarios judiciales involucrados en la causa, entre ellos Mariano Fernández, Carlos Eduardo Saltor, Carlos Gonzalo Rodríguez, Alejandro Noguera y Marta Ignacia Jerez, así como la auxiliar fiscal Daniela Fernanda Briz Tomás. Se les atribuye presunto mal desempeño, negligencia grave, incumplimiento de deberes y retrasos injustificados en el proceso.
El conflicto se remonta a los orígenes del emprendimiento, donde Battaglia asegura haber contribuido con aportes y equipamiento claves para el crecimiento del negocio, pero que fue excluido de la formalización societaria. Afirma que posteriormente se consolidó un esquema para impedir su participación, acceso a información y utilidades.
Según las causas, la sociedad fue concebida como una empresa compartida, pero tras la formalización se favoreció exclusivamente a ciertos socios, dejando fuera a Battaglia a pesar de sus aportes.
Durante la investigación surgió un fuerte debate jurídico sobre la prescripción de la acción penal, ya que la Fiscalía consideró que los hechos principales ocurrieron entre 2016 y 2017, lo que implicaría la extinción de la acción.
El juez subrogante Raúl Armando Cardozo rechazó el sobreseimiento solicitado, argumentando que los hechos pueden ser conducta prolongada en el tiempo, y que la investigación requiere aún medidas de prueba, lo que marcó un punto de inflexión.
La querella sostiene que los fiscales no consideraron hechos posteriores a 2017 que constituirían delitos autónomos, lo que fundamenta su reclamo para que el proceso continúe.
Entre ellos destaca un episodio del 11 de octubre de 2022, cuando Battaglia afirma que firmó una cesión de cuotas sociales que nunca se registró ni le fue entregada, privándolo del ejercicio societario efectivo.
Otro punto grave es la presentación de balances de abril de 2024 que, según Battaglia, contenían datos falsos u omitían ingresos y activos, sin auditorías formales.
Además, denunció la venta sin medidas precautorias del fondo de comercio de TBC Barrio Sur, mientras la querella sostenía que podía afectar pruebas clave.
También reclama por la modificación de cerraduras y la prohibición de acceso a la fábrica principal en enero de 2025, donde gran parte del equipamiento, adquirido con su inversión, no se integraría al patrimonio.
La querella introdujo pericias informáticas realizadas durante 2026, obtenidas privadamente ante la negativa institucional a producirlas, revelando documentos, archivos y conversaciones que prueban aportes, acuerdos y las disputas societarias posteriores.
Asimismo, denuncian demoras en la respuesta a sus instancias legales, favoreciendo el avance de la prescripción impulsada por algunos fiscales.
El texto acusa a fiscales de primera instancia y a integrantes posteriores del Ministerio Público Fiscal de sostener una actuación coordinada para cerrar la causa sin agotar investigaciones.
Así, la controversia, que comenzó como un conflicto societario, se transformó en una compleja batalla con denuncias penales, cuestionamientos institucionales y pedido formal de destitución de funcionarios.
Mientras sigue la discusión sobre la prescripción y el análisis judicial del expediente, la cuestión adquiere un impacto político e institucional significativo con el procedimiento ante el Jurado de Enjuiciamiento pendiente.
