Tucumán se consolidó como uno de los mercados más activos para Uber Moto en Argentina, con un estimado de entre 3.000 y 5.000 conductores activos solo en San Miguel de Tucumán. La cifra alcanza cerca de 9.000 si se suman los choferes que operan vehículos tradicionales mediante plataformas digitales. Estos números se complementan con un récord histórico en la venta de motocicletas en la provincia, que patentó más de 18.000 unidades en los primeros cinco meses de 2026, ubicándose quinta a nivel nacional con un crecimiento interanual superior al 165%.
Este fenómeno, impulsado por la creciente demanda de traslados rápidos y económicos, ha permitido a miles de tucumanos encontrar una alternativa laboral frente a la difícil coyuntura económica. Se estima que los ingresos netos mensuales de los conductores de moto, descontados gastos y comisiones, oscilan entre los 300.000 y 700.000 pesos, según la actividad y cantidad de viajes realizados.
Sin embargo, mientras los vecinos del transporte público se preparan para un nuevo aumento del boleto urbano —que desde hace meses incrementa la carga económica sobre la población—, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán avanza en un proyecto que pretende regular y limitar las operaciones de Uber Moto, con claras consecuencias perjudiciales para miles de trabajadores y usuarios.
Bajo la fachada de la «regulación», la iniciativa busca imponer cupos máximos de motos que reducirían ostensiblemente la oferta en un área metropolitana con alta demanda de movilidad. La medida va más allá: prohibiría expresamente que conductores de localidades aledañas, como Yerba Buena, Tafí Viejo o Banda del Río Salí, capten pasajeros en la capital, permitiéndoles solo dejar usuarios, fomentando una fragmentación arbitraria y regresiva del espacio urbano.
Esta estrategia tiene un claro destinatario: beneficiar a los empresarios del transporte tradicional y a la Municipalidad capitalina a costa de socavar la actividad de trabajadores vulnerables y encarecer el acceso al transporte para los usuarios.
Asimismo, el proyecto habilita una extensa red de inspección con facultades para secuestrar vehículos y aplicar sanciones severas, lo que, dada la historia de opacidad y señalamientos de corrupción en los cuerpos de control municipal, genera temores fundados sobre posibles abusos y persecuciones.
Este escenario contrasta con la realidad de quienes, en moto y sin opciones, procuran un sustento honesto en un contexto económico adverso. La llamada «seguridad vial» y el «ordenamiento» parecen emplearse como pretextos para una operación de recaudación y control político poco transparente, que ignora las necesidades reales de la ciudadanía.
Aun más preocupante resulta constatar que mientras el Concejo capitalino es uno de los más costosos del país —con un gasto por concejal que triplica el promedio nacional y un gasto per cápita que lo sitúa entre los cinco más elevados—, en lugar de austeridad opta por gravar justamente la movilidad popular como mecanismo para autofinanciar su estructura política.
La Fundación Libertad reflejó esta realidad en un análisis donde Tucumán ostenta el tercer Concejo más caro del país, con un gasto anual por edil que supera los mil millones de pesos, exponiendo una desconexión entre la voracidad presupuestaria y las necesidades sociales.
Mientras otros municipios demuestran que es posible gestionar con eficiencia y menores costos, en San Miguel de Tucumán se opta por imponer cargas adicionales sobre los sectores más vulnerables, condenando a los motoqueros a menores ingresos y a los usuarios a tarifas más altas y tiempos de espera prolongados.
En este contexto, la gestión municipal encabezada por la intendenta Rossana Chahla —quien ha manifestado voluntad de regulación— debería reflexionar sobre el impacto social de estas medidas, que lejos de facilitar la movilidad y promover la inclusión, consolidan un modelo excluyente y regresivo, que favorece la élite política por sobre las necesidades de la población.
