En un gesto que pone de relieve la preocupación regional por el uso instrumental de las denuncias en litigios familiares, el Gobierno de Chile ha otorgado urgencia simple al proyecto de ley que tipifica como delito las acusaciones falsas en materia de familia, con penas de prisión para quienes las formulen de manera maliciosa. La iniciativa busca proteger los vínculos parentales y, sobre todo, el interés superior de los niños, expuestos con frecuencia a separaciones injustas y daños emocionales profundos derivados de falsedades en contextos de custodia y violencia intrafamiliar.
Esta medida chilena guarda un paralelismo directo con el debate que se desarrolla en el Congreso argentino. Aquí, el Senado avanza con el proyecto de ley S-228/2025, impulsado por la senadora Carolina Losada (UCR) y otros legisladores, que modifica los artículos 245, 275 y 277 del Código Penal para agravar las penas por falsa denuncia, falso testimonio y encubrimiento. La reforma introduce sanciones más severas —de tres a seis años de prisión— precisamente cuando estas conductas se producen en el marco de causas de violencia de género, violencia familiar contra menores o delitos contra la integridad sexual.
El dictamen favorable emitido por la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado el 8 de abril de 2026 marca un hito en la tramitación del proyecto, que cuenta con respaldo de sectores que denuncian el abuso del sistema judicial en disputas de custodia. Sus impulsores argumentan que no se trata de debilitar la protección a las víctimas reales de violencia, sino de fortalecer la veracidad de las denuncias y evitar que la presunción de inocencia sea vulnerada por acusaciones infundadas, especialmente cuando afectan a los más vulnerables: los niños.
En ambos países, el núcleo del problema es idéntico: la fragmentación familiar y los conflictos de guarda y visita, donde las denuncias falsas pueden convertirse en herramientas de presión o venganza. En Chile, activistas como Vanessa Kaiser y el diputado Cristóbal Urruticoechea han impulsado la iniciativa bajo la consigna de que “no se trata de venganza, sino de justicia y de proteger a los niños”. En Argentina, organizaciones de padres y madres afectados, junto a legisladores de distintos bloques, sostienen que el endurecimiento de las penas es indispensable para restaurar el equilibrio en un sistema que, en ocasiones, prioriza la celeridad de la denuncia por sobre la prueba de los hechos.
Mientras Chile avanza con celeridad legislativa, Argentina se encuentra en un momento clave: el dictamen de comisión abre la puerta al tratamiento en el recinto. En un contexto donde la defensa de la infancia y la integridad familiar exigen rigor y ecuanimidad, ambos procesos legislativos invitan a un debate sereno, basado en evidencia y libre de dogmatismos. La meta común es clara: un sistema judicial que proteja sin excepción a las víctimas reales, pero que no permita que la mentira destruya familias ni exponga a los niños a un sufrimiento evitable.
