La tensión en la Caja Popular y la Asociación Bancaria alcanzó un nivel inédito de amenazas internas. En las últimas horas fue difundido un video que muestra a dos dirigentes sindicales —Emilia Gutiérrez Cutín (de cabello oscuro y principal oradora) y Andrea Escaño Aragón— confrontando y presionando a un empleado de la entidad por haber revelado el audio en el que el gremio convocaba a sus afiliadas a marchar en apoyo al diputado nacional Carlos Cisneros y a Lourdes Parache.
La escena, registrada en las oficinas de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán, evidencia un clima de intimidación interna tras la filtración del audio original, en el que la dirigencia bancaria exigía presencia obligada de las empleadas para los días 7 y 8 de mayo con el argumento de “apoyar a nuestra compañera Luli” y a “Carlos, que se ha puesto al frente de esta causa”. Ese audio fue difundido en exclusiva por El Federalista.
En este nuevo grave incidente de persecución política, Gutiérrez Cutín intima con virulencia al empleado, a quien acusa de “traidor” y “poco hombre” por haber difundido el audio. Mientras tanto, Escaño Aragón reafirma y actúa en complicidad contra el bancario, e involucran a familiares del joven en las advertencias, mientras él filma toda la escena (ver video completo a continuación).
Este es el video completo en el que las sindicalistas bancarias, Emilia Gutiérrez Cutín y Andrea Escaño Aragón, amenazan a un empleado de la Caja por haber difundido un apriete a sus compañeras para marchar por Carlos Cisneros cuando sea investigado por Trata de Personas. pic.twitter.com/XVjmaQ2JkN
— Germán Gehache (@desalienado) April 27, 2026
Esta nueva y desaforada embestida de la dirigencia cisnerista se produce en un momento crítico para el diputado nacional, a quien ya le habría dado la espalda su alfil político Rossana Chahla, quien —según altas fuentes de la Municipalidad capitalina— ya habría decidido bajarse de la candidatura a la gobernación que pretendía Cisneros y secundar a Osvaldo Jaldo. Este anuncio se realizaría el próximo domingo 12 de mayo.
Además, en los últimos días, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en San Miguel de Tucumán se intensificó la pegatina contra quienes Cisneros acusa de su situación judicial, tanto en la política como en la Justicia y el periodismo. Esto deja en evidencia la intensidad (y onerosidad) de la estrategia del diputado, que está empecinado en usar el campo de batalla del desprestigio y el escrache, en contraposición a la Justicia, que cada vez le es más esquiva por sus propios errores.
La causa judicial
Pese al secretismo que rodea en la Justicia Federal de Tucumán la causa contra el diputado nacional Carlos Cisneros, la Asociación Bancaria —gremio al que pertenece el legislador— ya maneja las fechas de las primeras audiencias judiciales. Durante una reunión con afiliados, sus dirigentes advirtieron a las empleadas que “necesitarán de su presencia” para brindar apoyo político al investigado.
La convocatoria se produjo en el marco de una charla gremial en la que se invitó también a un locro por el Día del Trabajador. La dirigente femenina del sindicato convocó específicamente a las compañeras para los días 7 y 8 de mayo, con el argumento de respaldar a “nuestra compañera Luli” —en referencia a Lourdes Parache— y a “Carlos, que se ha puesto al frente de esta causa”. Según la grabación del encuentro, se mencionó la organización de “un desfile”, una marcha y otras actividades, e insistieron en la necesidad de contar con su asistencia.
El caso judicial que involucra a Cisneros deriva de la denuncia por abuso sexual presentada en marzo de 2024 por Lourdes Parache, empleada de la Caja Popular de Ahorros, contra cuatro futbolistas de Vélez Sarsfield. La Justicia provincial sobreseyó a los jugadores al considerar que se trató de una relación consentida y que la denuncia formaba parte de una maniobra extorsiva. El expediente derivó al fuero federal, donde el fiscal Rafael Vehils Ruiz solicitó la indagatoria de Cisneros, la abogada Patricia Neme y Federico Petraglia, entre otros, por presunta trata de personas con fines de explotación sexual (Ley 26.364). Parache, inicialmente presentada como víctima, también es investigada por falso testimonio.
En rigor, la carátula de la causa dejó expuesto con claridad que no es a Luli a quien van a apoyar: el gremio quiere simular una marcha feminista para presionar a la Justicia por la absolución de Cisneros en la causa de Trata de Personas, una hipótesis con sólido fundamento a partir de las pericias realizadas al celular de la víctima y de sus amigas.
El feminismo es una causa que supuestamente abrazó el diputado y empresario, y que utilizó a discreción en su carrera política nacional. La causa federal, a cargo del juez Guillermo Díaz Martínez, avanza con pedido de medidas de coerción y ha generado notificaciones a la Cámara de Diputados para evaluar un eventual apartamiento del legislador peronista, integrante del bloque Unión por la Patria. El oficialismo nacional analiza acciones disciplinarias, aunque no se ha solicitado aún el desafuero de manera explícita. Por esto, cualquier medida judicial contra el diputado podría terminar en el desafuero del ex bancario.
La exhortación gremial, que invoca un supuesto feminismo de defensa de las víctimas de violencia machista, utiliza como eje la figura de Parache, quien según la investigación federal habría sido instrumentalizada en una trama más amplia.
Cisneros, secretario de Administración de La Bancaria a nivel nacional y referente sindical en Tucumán, mantiene una estrecha relación histórica con el gremio y con la Caja Popular, entidad que controla desde hace décadas y que ha sido objeto de cuestionamientos por su manejo financiero y patrimonial.
Además, Cisneros y su círculo íntimo han intimado judicialmente a El Federalista y a El Tucumano para frenar las publicaciones en las que se reveló el armado de la Causa Vélez, los millonarios bienes injustificables de sus hijas y, entre otras cosas, el ataque contra La Gaceta en 2000, donde fue incendiada una edición completa del centenario matutino que ahora es aliado de su agresor.
Este nuevo episodio de presión interna —captado en video y ya en circulación— confirma el clima de control que reina en el entorno de Cisneros y refuerza las denuncias sobre el uso político de consignas de género en medio de una causa federal por trata de personas. La Bancaria y la Caja Popular, históricamente ligadas al legislador, enfrentan ahora una crisis de credibilidad que trasciende el ámbito gremial y judicial.
Distintas paredes de la ciudad han sido empapeladas con una grave denuncia contra el propietario de El Tucumano. Se hará una presentación judicial para pedir las cámaras y ver quiénes hicieron la pegatina y bajo órdenes de quién. Supongo que la Muni aportará la información para… pic.twitter.com/Ry8nyPV50s
— Germán Gehache (@desalienado) April 26, 2026