¿Jaldo Canalla?: Cercado por la Justicia Federal, Cisneros intensifica su desmedida y destituyente guerra mediática

El diputado nacional, propietario de Enterate, lanzó a sus alfiles mediáticos para librar la batalla en el único campo puede manejar: el escrache y el escarnio mediático. Cualquier cosa menos enfrentar a la Justicia Federal.


Por Germán García Hamilton

Cercado por las investigaciones que enfrentará a partir de mayo en la Justicia Federal, el empresario de medios y diputado nacional Carlos Cisneros inició una desmesurada e irresponsable campaña de desprestigio contra las instituciones de Tucumán y perpetró graves intentos de desestabilización.

El clímax de las agresiones se produjo en la tarde de este jueves, cuando un desaforado locutor del multimedio Enterate calificó de “canalla” al poder político provincial, que encabeza el gobernador Osvaldo Jaldo, del cual el legislador nacional ya había admitido su alejamiento (ver el video más abajo).

Mientras esta flagrante agresión verbal se consumaba, en la pantalla se apreciaba claramente cómo una camarógrafa acosaba al titular del Ministerio Público Fiscal, Edmundo “Pirincho” Jiménez, a quien Cisneros ha elegido como enemigo personal, ya que lo responsabiliza de todos los fracasos de sus torpes operadores legales en la Justicia provincial.

Pero, aunque esta escena haya puesto en evidencia el desenfreno del diputado nacional para evitar las explicaciones ante la Justicia Federal, esto es solo una pequeña parte de una campaña de sedición, desmesurada, monstruosa, multimillonaria y pornográfica, que ya se había iniciado el año pasado.

Lejos de aportar documentos o investigaciones que prueben las afirmaciones de los operadores periodísticos o del propio Cisneros, hasta el momento todo se ha limitado a intentos de desprestigio sesgados, escraches públicos sin contenido, difusión de chismes en las redes disfrazados de notas periodísticas, o simples descalificaciones personales: insultos, falacias, exabruptos, etc. Todo tiene el mismo sello.

Como sucedió históricamente en los últimos 20 o 30 años, desde que el ahora diputado logró poder político gracias a su creciente poder económico, el exsindicalista bancario elige como campo de batalla la prensa y la opinión pública, en lugar de los tribunales, donde cada vez le va peor.

Mayo, un mes clave

Pero esta súbita agudización de los ataques se debe a la inminencia del inicio de la investigación al propietario de Enterate por el armado de una asociación ilícita, comandada por Cisneros, para la trata de personas, en la que Lourdes Parache, la fallida denunciante de los jugadores de Vélez, sería una de las víctimas.

Es que el 7 y 8 de mayo comenzarán las audiencias en esa causa, según lo adelantó una alta sindicalista de la bancaria a sus afiliados durante una reunión que pretendía ser rutinaria. Esta información se mantenía en secreto dentro de los tribunales federales para la prensa.

Para esos días el gremio realizará marchas —y otras actividades— con consignas feministas a las que las afiliadas fueron obligadas a asistir: “tenemos que estar en apoyo a Carlos” (sic). Si bien se utilizó en un principio la excusa del supuesto apoyo a “nuestra compañera Luli” —en referencia a Lourdes Parache—, se aclaró que también había que asistir por Cisneros “que se ha puesto al frente de esta causa”. Siempre la presión sobre la opinión pública, nunca las aclaraciones documentales.

El inicio de la causa federal se producirá después de dos importantes derrotas del diputado y de personas de su círculo cercano en la Justicia provincial. Primero fue la llamada Causa Vélez y el intento por censurar publicaciones de El Tucumano sobre los millonarios bienes de las hijas de Cisneros de injustificable origen. Pero, además, también está la causa iniciada por el propio Julio Valenzuela (titular de El Tucumano) por enriquecimiento ilícito.

Enterate, la costosa punta de lanza

Solo durante la semana pasada, desde el medio que Carlos Cisneros admitió ser propietario, lanzaron la campaña de desprestigio y agresión, sin datos y sin documentos. A continuación, solo una pequeña parte de la operación de prensa.

El 20 de abril, el periodista Álvaro Aurane difundió una encuesta de la ignota consultora Polimónica según la cual el 56 por ciento de los tucumanos evaluaban como mala la gestión del gobernador. La difusión de estos datos contradecía a todas las encuestas difundidas menos de un mes atrás sobre el apoyo a Osvaldo Jaldo.


En ese mismo programa, el locutor Roque Galeano criticó la gestión actual por invertir solo el 4 % del presupuesto en obras públicas en Tucumán. En ese informe omite la responsabilidad de la administración de Juan Manzur, de la que el propietario de Enterate fue uno de sus más importantes aliados dentro del justicialismo.


Más delirante que las anteriores palabras fue la crítica de Galeano directamente al peronismo al que pertenece, construyó y se benefició su jefe. “Nos toman por boludos” fue la consigna antiperonista y el nuevo ataque a Jaldo. Apuntó contra los “CUIT virgen” de la Legislatura, con la omisión clara del 80 o 90 por ciento del cisnerismo al que pertenece.


Pero el más importante, citado antes en esta nota, fue la grave acusación de “canalla” contra el poder político que encabeza el gobernador Jaldo, por supuestamente sostener a “Pirincho” Jiménez, un funcionario judicial que convivió con Carlos Cisneros sin problemas hasta que llegaron los traspiés judiciales.

Los ataques a la prensa que lo expuso

Distintas demandas e intimaciones judiciales fueron iniciadas tanto por el propio diputado nacional como por los integrantes de su círculo: las demandas de Lourdes Parache contra El Tucumano y El Federalista, una similar del “ahijado” político Federico Petraglia también contra los dos portales, y una carta documento del propio Cisneros contra Germán García Hamilton, titular de El Federalista.

Pero la más importante fue la realizada por las hijas del empresario de medios contra El Tucumano con el fin de censurar la publicación de las notas sobre el inexplicable patrimonio de las tres mujeres. Esto terminó en una brutal derrota signada por la impericia de sus abogados.

El 25 de marzo pasado, el abogado Juan Andrés Robles presentó una tutela autosatisfactiva en nombre de Marta María, Cecilia Mariana y María Mercedes Cisneros, hijas del diputado nacional Carlos Cisneros. Las hermanas alegaban lesión a su honor por publicaciones en El Tucumano que revelaban su participación en una financiera y un millonario emprendimiento turístico en Tafí del Valle.

Las hijas de Cisneros tras la derrota judicial.

El 18 de abril, los apoderados de las actoras desistieron del proceso. En la audiencia del 20 de abril, el apoderado de El Tucumano, Juan Macario Santamarina, se opuso expresamente al desistimiento, lo que impidió su eficacia según el Código Procesal. La súbita y torpe intervención del abogado José Díaz (exinterventor de la Caja Popular de Ahorros), que mereció un llamado de atención de la jueza, fue una prueba más de brutalidad (en el más amplio sentido de la palabra) del cisnerismo.

El 22 de abril de 2026, la jueza falló contra las hijas de Cisneros y rechazó de plano la acción por no cumplir ninguno de los cuatro requisitos del artículo 474 del Código Procesal. La jueza Abate impuso las costas íntegramente a las hermanas Cisneros y reguló honorarios por más de 2,6 millones de pesos (la mayor parte a favor del abogado de El Tucumano). Los propios demandantes reconocieron en el desistimiento que el instituto procesal “carece de sentido”, consolidando una nueva derrota judicial.

Después de esta tremenda paliza, desde el cisnerismo se profundizaron aún más los escraches y los intentos de desprestigio contra quienes el diputado considera responsables de sus infortunios. Nuevos afiches en la Capital Federal contra distintos integrantes de la Justicia provincial, del Tribunal de Cuentas y hasta el condenado exgobernador José Alperovich. Estas acciones fueron una reedición de otras similares ensayadas el año pasado.

En simultáneo, aparecieron publicaciones en desconocidos supuestos medios de prensa con acusaciones contra los abogados de los jugadores de Vélez y contra la familia de Valenzuela, sin firma ni documentación respaldatoria.

La primera parte de la campaña (año pasado)

Esta estrategia de presión mediática y victimización ya había sido ensayada con intensidad el año pasado, tras los allanamientos del 30 de septiembre de 2025 a propiedades vinculadas a Cisneros por presunta asociación ilícita. En un video difundido como defensa, el diputado invirtió los roles: acusó al fiscal Edmundo “Pirincho” Jiménez y al Poder Judicial provincial de “terrorismo” contra la víctima y las testigos, mientras omitía que las pericias UFED lo identificaban como “el de arriba” que ordenaba el armado de la causa contra los jugadores de Vélez.

Cisneros proyectó sistemáticamente su propia sombra: denunció impunidad, corrupción y “jardines de la injusticia” donde “violar sale gratis si tenés plata”, describiendo con precisión el sistema que él mismo operó durante décadas desde la Caja Popular. Contrató al abogado Fernando Burlando, quien amenazó públicamente con intervención federal en Tucumán si se tocaba al magnate, y logró que medios nacionales replicaran el relato de “censura” y “persecución” sin mencionar la investigación por organización criminal.

Esta semana reeditaron la campaña realizada en 2025 frente al Palacio de Justicia de la Nación, en CABA.

La operación combinó artillería mediática, escraches a magistrados, victimización feminista y amenazas de desestabilización institucional. Organismos de derechos humanos y asociaciones de prensa fueron instrumentalizados para denunciar ante la ONU un supuesto “bozal judicial”, mientras se silenciaba que el medio central de la campaña (CCC) formaba parte del entramado investigado. Esta campaña de sedición blanda del año pasado sirvió de ensayo perfecto para la escalada actual.

Cisneros frente al único campo de batalla que no puede controlar

Hay un campo de batalla que es el institucional, el de la Justicia, que debe analizar pruebas para decidir si Carlos Cisneros fue el organizador y jefe de una asociación ilícita para la trata de personas, y si su fortuna y la de sus hijas tiene un origen lícito o si se originó ilegalmente. En ese terreno, la causa federal por trata de personas —con audiencias el 7 y 8 de mayo— y las investigaciones provinciales por enriquecimiento ilícito y asociación ilícita exigen respuestas concretas: pericias UFED que lo señalan como “el de arriba”, allanamientos simultáneos a siete domicilios, pedidos de detención preventiva y desafuero en dos fueros al mismo tiempo, y la documentación registral que revela el patrimonio inexplicable de sus hijas.

Pero Cisneros quiere evitar este territorio que le ha sido esquivo en el último tiempo. Tras las derrotas judiciales en la Causa Vélez —donde se confirmó la falsa denuncia y se ordenó investigar la organización criminal— y en la tutela autosatisfactiva de sus hijas contra El Tucumano, el diputado nacional busca desesperadamente trasladar el conflicto a otro ámbito. Prefiere la televisión, los afiches en la Capital Federal, las encuestas truchas y los escraches a magistrados antes que sentarse a explicar ante un juez federal cómo sus hijas Marta, Cecilia y María Mercedes Cisneros —una profesora de educación física, una “comerciante” y una empleada del Banco Nación— constituyeron en 2022 Malaquita SRL, una financiera con objeto amplio para inversiones, operaciones inmobiliarias y aportes de capital a terceros, con sede en un departamento de Muñecas al 700, y Emprendimiento Turístico SRL, que explota el complejo de cabañas de lujo La Madrina en Tafí del Valle valuado en USD 3,7 millones.

Lo que Cisneros pretende es dejar todo en operaciones de prensa o escraches públicos para aprovechándose de formalismos y la conocida lentitud de la Justicia Federal, para una vez más salirse con la suya y no explicar ninguna de sus desconocidas actividades económicas ni el origen de los millonarios fondos con los que consiguió armar un multimedios o brindarles a sus hijas millonarios bienes. No quiere hablar de cómo Federico Petraglia —a quien llama “hijo de cariño” y operador en la Caja Popular— tramitó prescripción adquisitiva sobre terrenos ajenos para el hotel de sus hijas, ni de la multiplicación 172 veces de su patrimonio declarado en cinco años, ni de los departamentos en Barrio Norte, ni de los millones que circulan sin justificación visible.

Prefiere seguir gritando “persecución” y “canallas” mientras la Justicia, con lentitud pero con pruebas, se acerca al núcleo de su poder: un imperio construido sobre fondos cuyo origen sigue siendo el gran agujero negro que el diputado no quiere iluminar.

(El Autor es Editor General de ElFederalista.com).

A continuación, streamer la novia de Mauro Federico, última adquisición de Carlos Cisneros en su estrategia de nacionalización del conflicto.

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