El diputado nacional por Tucumán, Carlos Cisneros, adelantó su voto negativo al proyecto oficialista que busca modificar la Ley de Glaciares. El legislador consideró que la iniciativa no representa una actualización técnica ni una mejora regulatoria, sino un intento de debilitar los estándares de protección de las reservas de agua dulce bajo el argumento de brindar mayor seguridad jurídica.
Cisneros denunció que el texto elimina el piso mínimo nacional de protección ambiental y delega facultades discrecionales a las provincias, lo que abriría la puerta a una “carrera hacia abajo” en los estándares ambientales con el fin de atraer inversiones. “El agua es un recurso estratégico que no conoce fronteras políticas”, enfatizó.
El diputado cuestionó especialmente la relativización del Inventario Nacional de Glaciares elaborado por el Ianigla-Conicet. Según su análisis, la reforma excluye los glaciares de roca y permite que una autoridad administrativa decida de manera discrecional qué geoformas cumplen una función hídrica, dejando al Estado sin herramientas efectivas de control.
“El discurso oficial sobre la seguridad jurídica es, en realidad, una forma elegante de blindar negociados mediante el cambio del marco normativo vigente”, sostuvo Cisneros. Agregó que resulta hipócrita delegar la protección de estos recursos a las administraciones provinciales, a las que el Gobierno nacional ha calificado en otras oportunidades como “feudos”.
El legislador tucumano advirtió que el uso del lenguaje de la precaución en el proyecto no es más que un “maquillaje” para transformar una ley de protección ambiental en un mecanismo de flexibilización que habilite negocios inmediatos en zonas sensibles.
La reforma, impulsada por el oficialismo, se encuentra en debate en la Cámara de Diputados y ha generado fuertes resistencias tanto en sectores ambientalistas como en parte de la oposición. Cisneros se suma así a las voces que alertan sobre los riesgos de modificar una norma que establece presupuestos mínimos de protección para un recurso vital como el agua.
El caso se inscribe en un contexto de creciente debate nacional sobre el equilibrio entre desarrollo económico, inversión minera y preservación del patrimonio ambiental. La posición del diputado tucumano refleja una línea de defensa de los estándares federales en materia ambiental frente a iniciativas que buscan descentralizar decisiones con potencial impacto transfronterizo.